Unas 100 comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, asentadas en zonas limítrofes con Honduras y Costa Rica, denuncian que la recién aprobada Ley de Territorio Fronterizo vulnera gravemente su seguridad jurídica y autonomía. La Red de Defensores Indígenas de la Costa Caribe advierte que esta normativa, aprobada el 5 de agosto de 2025, abre la puerta a expropiaciones y desplazamientos forzosos bajo el argumento de “seguridad y soberanía nacional”.

La ley declara como propiedad del Estado una franja de 15 kilómetros de ancho a lo largo de todas las fronteras, incluyendo áreas que coinciden con territorios ancestrales amparados por el Estatuto de Autonomía de la Costa Caribe y la Ley del Régimen de Propiedad Comunal. Con su entrada en vigor, se deroga la Ley de Régimen Jurídico de Fronteras de 2010, que garantizaba el respeto a los derechos indígenas reconocidos en tratados internacionales ratificados por Nicaragua.

Para la Red de Defensores —organización surgida tras el cierre del Cejudhcan— esta medida “legitima el despojo” de tierras indígenas y afrodescendientes, contradice la legislación vigente y profundiza los conflictos territoriales en la Costa Caribe. Señalan que el nuevo marco legal permitirá al Estado tomar posesión de tierras comunales, explotar recursos naturales y militarizar zonas que por siglos han sido habitadas y gestionadas por sus comunidades.

Impacto en derechos y cultura

La organización subraya que la nueva ley no solo amenaza el derecho a la propiedad comunal, sino que también debilita el tejido social y cultural de estos pueblos. La presencia reforzada de fuerzas armadas en la franja fronteriza podría restringir la movilidad de las comunidades, alterar su relación con los recursos naturales y socavar el ejercicio de la autonomía comunitaria.

Este cambio legal, sostienen, agrava un contexto ya crítico: invasiones de colonos —en su mayoría exmilitares—, actividades extractivas impulsadas por empresas nacionales y transnacionales, y episodios de violencia armada que han obligado a muchas familias a desplazarse hacia zonas limítrofes.

Del límite de cinco a quince kilómetros

Aunque la legislación anterior también contemplaba una franja fronteriza de 15 kilómetros, solo los primeros cinco eran considerados propiedad inalienable del Estado. El resto estaba sujeto a un régimen especial que reconocía las propiedades privadas, los asentamientos indígenas y afrodescendientes, y la protección ambiental.

Ese esquema fue eliminado. Ahora, toda la franja pasa a ser dominio estatal, lo que —según la Red— rompe con décadas de avances en el reconocimiento de derechos territoriales y contradice los compromisos internacionales asumidos por Nicaragua en materia de pueblos indígenas y afrodescendientes.

La Red de Defensores exige que el Estado revierta la ley o, al menos, garantice la protección de los territorios comunales y la integridad cultural de las comunidades que históricamente han custodiado las fronteras del país.