Látigo comercial contra Rosario Murillo; EE. UU. implementaría aranceles de 12.5% a Nicaragua
La dictadura Ortega-Murillo enfrenta una nueva amenaza económica después de que Estados Unidos la incluyera entre las economías cuestionadas por prácticas relacionadas con el trabajo forzoso.
MUNDOESCENARIO NACIONALNACIÓNPOLÍTICA ECONOMÍA
DaríoMedios Internacional
6/7/20262 min read
Las exportaciones clave del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se encuentran en jaque por parte de Estados Unidos, país que evalúa imponer aranceles de hasta 12.5 % a productos nicaragüenses.
Tras concluir que Nicaragua no aplica de forma efectiva prohibiciones contra bienes producidos con trabajo forzoso, la dictadura podría resentir la imposición de aranceles por parte de su principal socio comercial.
La administración estadounidense anunció que estudia imponer aranceles adicionales a productos provenientes de 60 economías, incluida Nicaragua, al considerar que no cuentan con mecanismos efectivos para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.
El incremento arancelario reduciría la competitividad de productos nicaragüenses en el mercado estadounidense, afectaría inversiones y económicamente la dictadura sandinista enfrentaría problemas.
La medida se suma a declaraciones preocupantes como las del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien recientemente ha dejado claro quiénes son amigos de Estados Unidos y quiénes no. Nicaragua entra en la lista preocupante.
“Ahora tenemos en este hemisferio una coalición de países amigables. Más de una docena, que se han alineado para trabajar no solo en cuestiones de seguridad que todos tenemos en común, sino también en la prosperidad económica que van mano a mano…aparte de Nicaragua, Cuba y obviamente aparte de Venezuela…siguen con algunos desafíos”, dijo Rubio durante una audiencia, dejando claras las consideraciones sobre Nicaragua.
Esto se suma a las conclusiones de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), anunciadas el 02 de junio.
Esta instancia explica que una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, determinó que 60 economías mantienen políticas o prácticas consideradas irrazonables porque no imponen o no hacen cumplir de forma efectiva prohibiciones a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.
Según Washington, esta situación genera una competencia desleal para las empresas estadounidenses al permitir que productos elaborados bajo condiciones laborales abusivas ingresen a las cadenas globales de suministro con costos artificialmente reducidos. Boletín noticias
Entre las 54 economías señaladas por no imponer ni hacer cumplir eficazmente estas prohibiciones aparece Nicaragua junto a países como China, Rusia, Brasil, Honduras, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Chile, Argentina, Perú y Venezuela.
En las secciones III.A.7 y III.B.7, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) determinó que Nicaragua no ha establecido ni aplicado de manera efectiva una prohibición a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.
Estados Unidos está convencido de que los actos, políticas y prácticas de Nicaragua relacionados con la falta de establecimiento y aplicación efectiva de una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso son irrazonables y afectan o restringen el comercio de Estados Unidos.
La administración estadounidense no le cree a Nicaragua. Aunque el pasado mes de abril de 2026 implementó tres iniciativas de ley que reforman el comercio exterior, el país sigue en la lista de aumento de aranceles.
En la reforma a la Ley 265 Sobre Autodespacho, el régimen obliga a operadores comerciales a presentar una declaración que los productos no fueron elaborados con base en el trabajo forzado.
En esa reforma indica que “es imperativo que nuestro crecimiento económico vaya de la mano con la protección de la dignidad humana ratificando la prohibición constitucional de todas formas de explotación esclavitud o trata de personas”, las reformas no son suficientes.
