Desde antes del estallido de la crisis política de abril de 2018, la administración del entonces presidente estadounidense Donald Trump, comenzó a endurecer su postura frente al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Lo que en un inicio fue una advertencia legislativa en el Congreso estadounidense terminó convirtiéndose en una política estructurada de presión diplomática, financiera y política que colocó al régimen sandinista bajo un escrutinio permanente.

Las medidas incluyeron sanciones económicas, bloqueos financieros internacionales y restricciones migratorias dirigidas a altos funcionarios del régimen, en respuesta a denuncias de corrupción, violaciones de derechos humanos y el progresivo desmontaje de las instituciones democráticas en Nicaragua.

Con el paso de los años, ese pulso político constante entre Washington y Managua fue estrechando el cerco internacional alrededor del orteguismo.

El primer aviso: Nicaragua entra en el radar de Washington

El primer año de la administración Trump marcó el inicio de una política más dura hacia el gobierno nicaragüense. En el Congreso comenzó a tomar fuerza una iniciativa destinada a presionar al régimen de Ortega mediante herramientas financieras multilaterales.

La propuesta, conocida como Nicaragua Investment Conditionality Act (NICA Act), planteaba que Estados Unidos utilizara su influencia en instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para bloquear préstamos al gobierno de Nicaragua mientras no se garantizaran reformas democráticas y elecciones transparentes.

Aunque en sus primeras etapas la iniciativa aún estaba en discusión, el mensaje político era inequívoco: Washington comenzaba a considerar a Nicaragua como un foco de deterioro democrático en Centroamérica y como un caso que requería intervención diplomática sostenida.

No se trataba de una ruptura inmediata, sino del diseño de un mecanismo de presión estructural.

Abril de 2018: la represión acelera la confrontación

La crisis estalló en abril de 2018. Las protestas contra reformas al sistema de seguridad social se transformaron rápidamente en una ola nacional de manifestaciones contra el gobierno de Ortega. La respuesta de las fuerzas de seguridad provocó condenas internacionales por el uso de la fuerza y la represión contra manifestantes.

Fue en ese contexto cuando Estados Unidos activó la Global Magnitsky Act, una normativa que permite sancionar a individuos acusados de corrupción o violaciones graves de derechos humanos.

Entre los primeros sancionados figuraron altos mandos policiales y funcionarios vinculados a la represión. Las sanciones incluyeron congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas de Estados Unidos.

El mensaje era claro: la responsabilidad sería individualizada. Washington no castigaría solo al Estado, sino a los operadores del poder.

La firma de la NICA Act: el golpe financiero formal

El punto de inflexión llegó en diciembre de 2018, cuando el presidente Donald Trump firmó oficialmente la NICA Act. La ley ordenó al gobierno estadounidense utilizar su voto en organismos financieros multilaterales para oponerse a nuevos préstamos al gobierno nicaragüense, salvo aquellos destinados a ayuda humanitaria o programas sociales.

Para Managua, la aprobación de la ley representó un golpe político y económico significativo. En medio de una profunda crisis económica provocada por la inestabilidad política y la caída de la inversión, la restricción del financiamiento internacional limitaba el margen de maniobra del régimen.

No fue un embargo total, pero sí un bloqueo selectivo diseñado para presionar al núcleo del poder sin afectar directamente a la población.

Rosario Murillo: la presión se personaliza

Uno de los momentos más simbólicos de la presión estadounidense ocurrió cuando el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra la vicepresidenta Rosario Murillo.

Washington la acusó de desempeñar un papel central en la represión contra manifestantes y en redes de corrupción dentro del gobierno. Las sanciones implicaron el bloqueo de cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense y prohibieron a ciudadanos y empresas de Estados Unidos realizar transacciones con ella.

La medida colocó por primera vez a la figura más influyente del círculo de poder nicaragüense, después de Ortega, en la lista formal de sancionados.

Con el tiempo, las críticas en Washington comenzaron a dirigirse cada vez más hacia Murillo, considerada en amplios sectores políticos estadounidenses como el verdadero centro de control dentro del aparato estatal.

El pasado 30 de enero, el Departamento de Estado publicó un mensaje en la red social X que reflejó ese viraje retórico: acusó a Murillo de consolidar una “copresidencia” sin legitimidad democrática y de negar a los nicaragüenses el derecho al voto libre.

El tono no se limitó al Ejecutivo. En el Congreso, la congresista María Elvira Salazar arremetió directamente contra Murillo durante una audiencia sobre libertad religiosa, responsabilizándola por la persecución contra la Iglesia católica en Nicaragua.

La presión dejó de ser abstracta y se convirtió en un señalamiento directo.

Ampliación de sanciones y aislamiento diplomático

Durante 2019 y el último año de la administración Trump, Washington continuó ampliando las sanciones contra funcionarios del gobierno nicaragüense. Ministros, asesores presidenciales, altos mandos de seguridad y figuras cercanas al poder político fueron incorporados a la lista.

En total, decenas de funcionarios y operadores del régimen terminaron bajo sanciones estadounidenses.

El objetivo declarado por Washington era presionar directamente al círculo de poder del gobierno sin afectar a la población nicaragüense. Paralelamente, Estados Unidos impulsó resoluciones críticas contra el gobierno de Ortega en organismos internacionales y reforzó el discurso diplomático sobre la necesidad de elecciones libres, respeto a la oposición política y liberación de presos políticos.

Funcionarios estadounidenses advirtieron incluso sobre la posibilidad de sanciones adicionales contra instituciones clave del Estado si continuaban las restricciones a las libertades políticas y civiles.

Managua responde: alianzas con el bloque antioccidental

Frente al creciente aislamiento internacional, Managua optó por reforzar sus alianzas con gobiernos autoritarios como los de Vladimir Putin, Nicolás Maduro y posteriormente Xi Jinping.

La estrategia fue clara: compensar el aislamiento occidental con respaldo político y cooperación estratégica con potencias consideradas rivales de Estados Unidos.

Este giro no solo tuvo implicaciones diplomáticas, sino geopolíticas. Nicaragua pasó a insertarse dentro de un eje que Washington observa con atención creciente.

El aislamiento visible en el presente

El reciente lanzamiento del “Escudo de las Américas” en Miami, donde Trump reunió a mandatarios de doce países de la región para coordinar acciones contra el narcotráfico y fortalecer la seguridad hemisférica, evidenció nuevamente el aislamiento del régimen sandinista.

Nicaragua no fue invitada.

La exclusión no es meramente protocolaria. Refleja la posición que ocupa hoy el régimen Ortega-Murillo dentro del mapa de alianzas regionales impulsado por Washington.

Una confrontación estructural que continúa

Las sanciones siguen vigentes. La presión diplomática permanece activa. El escrutinio estratégico no ha disminuido.

Lo que comenzó como una iniciativa legislativa se convirtió en una arquitectura de presión sostenida que redefinió la relación entre Washington y Managua.

Desde entonces, el régimen Ortega-Murillo gobierna bajo sanciones activas, con acceso condicionado al financiamiento internacional y bajo observación constante en el tablero hemisférico.

El pulso no ha terminado. Pero fue durante la administración Trump cuando se colocaron los primeros candados financieros y políticos que hoy siguen delimitando el margen internacional del régimen sandinista.