La exdiputada sandinista que perdió su curul por abstenerse en la votación del Canal Interoceánico hoy defiende abiertamente al régimen Ortega-Murillo y enfrenta conflictos legales tras el cierre de su empresa.

Olga Xochilt Ocampo Rocha, periodista de profesión y exdiputada del Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN, es un ejemplo de cómo la disidencia dentro del oficialismo nicaragüense puede tener un alto costo, pero también de cómo el régimen ha logrado reciclar figuras críticas en voceras de su narrativa política.

En 2013, Ocampo fue destituida de su escaño en la Asamblea Nacional tras abstenerse de votar a favor de la concesión del fallido Gran Canal Interoceánico, un megaproyecto otorgado al empresario chino Wang Jing y a la empresa HKND Group. Su abstención fue considerada una traición dentro del Frente Sandinista, y su nombre desapareció de la bancada oficialista sin mayores explicaciones.

Aquel gesto, mínimo en apariencia, marcó su salida de la política parlamentaria. Durante años, Ocampo guardó silencio, sin denunciar persecución ni romper abiertamente con el FSLN. Sin embargo, tiempo después reapareció en espacios mediáticos oficialistas, defendiendo con fervor al mismo régimen que la había expulsado.

De exdiputada a empresaria y vocera del orteguismo

En 2021, su nombre volvió a generar titulares cuando, durante un programa televisivo, amenazó con cárcel al opositor Israel Levítes, quien había pedido sanciones internacionales contra el régimen Ortega-Murillo. Su tono firme y desafiante dejó en evidencia que su rol como analista política respondía a una línea oficial.

Un año después, en 2022, arremetió contra la Iglesia Católica, acusando a sacerdotes y obispos de haber promovido el supuesto “golpe de Estado” de 2018. En sus declaraciones llegó a referirse despectivamente al obispo Rolando Álvarez como “el cabo Álvarez”, repitiendo el discurso de criminalización que el régimen mantiene contra el clero desde hace años.

Pero el giro de Ocampo no solo fue político. En el ámbito empresarial, figuró como representante legal de la franquicia Herbrock Nicaragua, que cerró operaciones en 2025 en medio de denuncias de cláusulas abusivas y conflictos contractuales con centros comerciales. Ocampo alegó que su negocio fue víctima de bloqueos económicos y obstáculos administrativos, aunque las versiones empresariales apuntaron a manejos poco transparentes.

Lejos de distanciarse del poder, Xochiltl Ocampo ha reforzado su lealtad al orteguismo. En una entrevista reciente, afirmó que Daniel Ortega “tiene la moral para seguir siendo presidente”, justificando las acciones del gobierno bajo el argumento de soberanía nacional y defensa ante la “injerencia extranjera”.

En una Nicaragua donde el exilio se multiplica, la represión se mantiene y el control político no da tregua, figuras como Ocampo provocan reacciones encontradas. Para algunos, simboliza la capacidad del régimen para reconvertir antiguos críticos en defensores disciplinados; para otros, representa la renuncia total a cualquier disidencia o pensamiento independiente.

Sombra de escándalos

Su paso por la política también estuvo marcado por episodios polémicos. En su etapa como diputada, Ocampo fue señalada en la Asamblea Nacional de ofrecer favores sexuales a un legislador opositor a cambio de apoyo en reformas impulsadas por el oficialismo, incluida la que permitió la reelección indefinida de Daniel Ortega.

Aunque la acusación nunca se judicializó, el episodio dañó su reputación pública. Desde entonces, Ocampo evita aparecer en actos oficiales o mediáticos fuera del circuito controlado por el régimen.

Hoy, más de una década después de su salida del Parlamento, Sochil Ocampo es el reflejo de una realidad política donde la lealtad se impone sobre la conciencia, y donde incluso los rebeldes de ayer terminan siendo los portavoces del poder.