Exigencia directa desde el Departamento de Estado

El Gobierno de Estados Unidos elevó este martes la presión diplomática contra la dictadura Ortega-Murillo al exigir la devolución inmediata de todos los bienes y activos confiscados de forma ilegal, entre ellos propiedades pertenecientes a ciudadanos estadounidenses en Nicaragua.

Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que Washington considera estas confiscaciones como acciones ilícitas y una violación directa a los derechos de propiedad y a la seguridad jurídica de ciudadanos e inversionistas extranjeros.

“Las autoridades nicaragüenses deben devolver inmediatamente todos los bienes y activos confiscados ilícitamente a sus propietarios originales”, señaló el funcionario estadounidense.

Seguimiento a casos de ciudadanos estadounidenses

Aunque el Departamento de Estado no precisó el número exacto de ciudadanos, empresas u organizaciones estadounidenses afectadas por las confiscaciones, confirmó que mantiene un monitoreo constante de cada caso en el que se vea comprometido el bienestar de ciudadanos estadounidenses o la seguridad de sus inversiones en Nicaragua.

Desde Washington advirtieron que cualquier acción selectiva del régimen que afecte a ciudadanos de Estados Unidos es considerada una amenaza directa y forma parte del patrón represivo documentado desde 2018.

Advertencia previa y llamado a denunciar confiscaciones

La exigencia se produce cinco meses después de que la administración Trump hiciera un llamado público a ciudadanos estadounidenses residentes en Nicaragua para reportar ante la embajada cualquier confiscación, expropiación o restricción a la venta de propiedades ejecutada por el régimen sandinista.

Ese llamado marcó el inicio de una fase más activa de documentación de casos, en un contexto donde el régimen ha profundizado el uso de mecanismos legales y administrativos para apropiarse de bienes privados.

Una política sistemática de confiscaciones desde 2018

Desde las protestas cívicas de abril de 2018, la dictadura Ortega-Murillo ha ejecutado confiscaciones masivas contra opositores políticos, organizaciones civiles, medios de comunicación, universidades, empresas privadas y ciudadanos extranjeros.

El régimen ha recurrido a leyes antilavado, antiterrorismo y normativas restrictivas para justificar expropiaciones selectivas, una práctica que ha sido denunciada por organismos internacionales como una forma de castigo político y control económico.

Críticas al uso abusivo del marco legal

Washington cuestionó abiertamente el uso de estas leyes como instrumentos de persecución. En ese sentido, el Departamento de Estado citó declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, quien ha calificado al régimen nicaragüense como “enemigo de la humanidad”.

“El claro abuso de las regulaciones contra el lavado de dinero para justificar expropiaciones indebidas y selectivas es inaceptable”, señaló el portavoz, al advertir que estas prácticas profundizan el aislamiento internacional de Nicaragua.

La exigencia de Estados Unidos representa una nueva escalada en la presión diplomática contra la dictadura Ortega-Murillo, señalando directamente el uso de confiscaciones como herramienta de represión política y económica.
Mientras el régimen continúa apropiándose de bienes privados sin garantías legales, Washington deja claro que no tolerará ataques contra los derechos de propiedad de sus ciudadanos y que seguirá vigilando de cerca cada caso.