La ofensiva diplomática y legislativa de Estados Unidos contra regímenes señalados por violaciones a la democracia en América Latina se intensifica. Comunicados oficiales, declaraciones públicas y propuestas de ley reflejan un tono cada vez más directo hacia gobiernos considerados autoritarios.

En ese contexto, el congresista republicano Carlos Giménez afirmó que la liberación de Nicaragua figura entre los objetivos clave de la administración del presidente Donald Trump. Según el legislador, la libertad del país “no será negociada” y forma parte de una estrategia sostenida de presión contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Durante una intervención reciente, Giménez también advirtió sobre las alianzas del régimen nicaragüense con Rusia y China, señalando que estos vínculos forman parte de las preocupaciones estratégicas de Washington en el hemisferio.

Presión legislativa en marcha

En paralelo a las declaraciones políticas, en el Senado y la Cámara de Representantes se discute la reactivación y fortalecimiento de la Nica Act, legislación aprobada en 2018 que condiciona el respaldo de Estados Unidos a préstamos de organismos financieros internacionales destinados a Nicaragua hasta que se restablezcan estándares democráticos y el respeto a los derechos humanos.

A esta normativa se suma la Ley Renacer, promulgada en 2021, que amplía el alcance de sanciones individuales, exige mayor supervisión sobre préstamos multilaterales y ordena informes periódicos sobre corrupción y vínculos con actores externos.

Legisladores republicanos han planteado endurecer ambas herramientas legales con el objetivo de aumentar la presión económica sobre el aparato sandinista.

Escenario de creciente tensión

Mientras desde Washington se afinan mecanismos de presión financiera y diplomática, en Managua el discurso oficial ha girado en torno a las “tempestades” y desafíos que enfrenta el país.

Rosario Murillo ha hecho reiteradas referencias a presiones externas sin mencionar directamente a Estados Unidos. Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente aislamiento internacional y de un escenario donde la presión política y económica podría intensificarse en los próximos meses.

La combinación de advertencias diplomáticas, proyectos legislativos y posibles nuevas sanciones sugiere que la relación entre Washington y Managua atraviesa una fase de mayor confrontación estratégica.