La fe bajo asedio: régimen fuerza salida de monjas Capuchinas tras décadas de servicio

Las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia fueron obligadas a cerrar su obra pastoral en Totogalpa, luego de más de tres décadas de acompañamiento a comunidades indígenas.

ESCENARIO NACIONALNACIÓN

DaríoMedios Internacional

1/25/20263 min read

Una salida forzada en silencio

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo obligó a salir de Nicaragua a las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, poniendo fin a 34 años de presencia pastoral, social y comunitaria en Totogalpa, Madriz, una de las zonas indígenas más empobrecidas e históricamente excluidas del país.

La salida de las religiosas no fue anunciada públicamente por el Estado, pero se inscribe en una estrategia sostenida de expulsión y desmantelamiento de la Iglesia católica, ejecutada de manera progresiva desde 2018.

El comunicado: lo que dice y lo que calla

En un comunicado fechado el 24 de enero de 2026, la congregación informó el cierre de su obra pastoral en Totogalpa, atribuyendo la decisión a un “proceso de discernimiento congregacional” y asegurando que los objetivos de su misión “se han cumplido”.

El documento firmado por la superiora provincial fue difundido para desmentir versiones que circulaban en redes sociales. Sin embargo, no menciona presiones, amenazas ni intervención estatal, una omisión que, lejos de aclarar el contexto, lo confirma: en Nicaragua, las congregaciones religiosas ya no pueden hablar con libertad sin exponerse a represalias.

Este tipo de comunicados cuidadosamente redactados se ha convertido en una constante entre órdenes religiosas forzadas a salir del país, obligadas a presentar cierres impuestos como decisiones voluntarias.

Hostigamiento previo y presión directa

Fuentes vinculadas a la comunidad religiosa aseguran que las Capuchinas enfrentaron hostigamiento sostenido por parte de autoridades estatales, advertencias de confiscación de bienes y restricciones administrativas que hicieron inviable la continuidad de su labor pastoral.

Este mismo patrón ha sido aplicado por el régimen contra ONG, congregaciones religiosas, proyectos sociales y medios independientes: presión constante, amenazas veladas y, finalmente, la salida forzada bajo el disfraz de “decisiones internas”.

Tres décadas al servicio del pueblo

Durante más de tres décadas, las monjas Capuchinas acompañaron a la comunidad indígena chorotega de Totogalpa, desarrollando una labor silenciosa pero fundamental:

  • Catequesis y formación pastoral

  • Acompañamiento a mujeres, niños y familias en extrema pobreza

  • Formación de líderes comunitarios

  • Atención humanitaria en emergencias y desastres naturales

  • Presencia constante en una región abandonada por el Estado

Para muchas familias, la Iglesia no fue solo un espacio de fe, sino el único lugar de apoyo, escucha y organización comunitaria.

La salida de las religiosas deja un vacío profundo, no solo espiritual, sino social, en una zona donde el Estado nunca garantizó servicios básicos ni acompañamiento sostenido.

Un patrón de persecución religiosa

La expulsión de las Capuchinas no es un hecho aislado. Forma parte de una política sistemática del régimen Ortega-Murillo para eliminar cualquier estructura social autónoma, especialmente aquellas con legitimidad moral y arraigo comunitario.

Desde 2018, Nicaragua ha sido escenario de:

  • Expulsión de congregaciones religiosas

  • Encarcelamiento y destierro de sacerdotes

  • Cierre de obras pastorales y educativas

  • Confiscación de bienes de la Iglesia

  • Vigilancia y criminalización de actividades religiosas

La Iglesia católica ha sido identificada por el régimen como uno de los últimos espacios de acompañamiento al pueblo y de denuncia moral frente a la represión.

La fe bajo asedio

A diferencia de otras instituciones, la Iglesia no compite por poder político ni recursos económicos. Su amenaza para el régimen ha sido otra: su cercanía con el pueblo, su capacidad de organizar comunidad y su autoridad moral frente al abuso.

Por eso, la estrategia no ha sido un cierre frontal, sino una expulsión progresiva, obra por obra, comunidad por comunidad, hasta reducir al mínimo cualquier presencia independiente.

Aunque el comunicado de la congregación habla de una misión cumplida, el contexto revela otra verdad: la fe no se ha retirado voluntariamente de Nicaragua.

La están expulsando, no por lo que dice, sino por lo que representa, no por confrontar, sino por acompañar, no por ambición, sino por permanecer junto al pueblo.

El comunicado presenta la salida como una decisión interna, en medio de un contexto de presión y expulsión de congregaciones religiosas en Nicaragua.