En los años ochenta, durante el primer período de gobierno sandinista, Nicaragua amanecía muchas veces con decretos que podían borrar en cuestión de horas el patrimonio de cualquier ciudadano. No siempre mediaban avisos formales ni órdenes judiciales. Bastaba una visita, un documento sellado o, en numerosos casos, únicamente la palabra de un funcionario para que una casa, una finca o un negocio dejara de pertenecer a su dueño.

Las confiscaciones se convirtieron en una práctica cotidiana del primer gobierno encabezado por Daniel Ortega. Bajo el discurso de una revolución que prometía redistribuir la riqueza y corregir supuestas injusticias históricas, se ejecutó un proceso de despojo masivo que marcó profundamente la estructura social y económica del país.

Un despojo sin cifras claras

No existe hasta hoy un dato oficial preciso sobre cuántas propiedades fueron confiscadas durante esa etapa. El caos administrativo, la discrecionalidad política y la ausencia de registros transparentes impidieron construir una contabilidad confiable. Sin embargo, la magnitud del fenómeno quedó en evidencia tras la derrota electoral del Frente Sandinista en 1990 y la llegada al poder de Violeta Barrios de Chamorro.

El nuevo gobierno enfrentó una realidad explosiva: miles de familias reclamaban la devolución de sus bienes, mientras otras tantas ocupaban propiedades confiscadas sin certeza jurídica. Para cerrar uno de los capítulos más conflictivos de la transición, el Estado optó por una solución política acelerada.

Legalización exprés y reparto opaco

A través de las leyes 85, 86 y 88, el gobierno legalizó cerca de 20 mil viviendas, otorgando títulos a quienes ocupaban inmuebles confiscados durante la década anterior. Paralelamente, se estima que unas 125 mil manzanas de tierra fueron entregadas a un grupo de beneficiarios que nunca fue plenamente identificado, en un reparto opaco que aún genera interrogantes.

Con la Ley 88, además, se emitieron alrededor de 10,200 títulos de Reforma Agraria a favor de cooperativas sandinistas, consolidando una redistribución que privilegió estructuras afines al poder político de entonces. Para las víctimas originales, estas decisiones significaron el cierre definitivo de cualquier posibilidad real de recuperar sus bienes.

No solo grandes empresarios

Las historias personales se repitieron por miles. El relato oficial insistía en que las confiscaciones afectaban únicamente a grandes empresarios o a supuestos “enemigos del pueblo”. La realidad fue distinta. Pequeños comerciantes, productores rurales, profesionales, empleados públicos y familias de clase media también fueron despojados de patrimonios construidos durante décadas de trabajo.

Muchos despertaron siendo propietarios y se acostaron esa misma noche convertidos en intrusos o expulsados de sus propias casas. En numerosos casos, el desarraigo condujo al exilio, la fragmentación familiar y la pérdida total de estabilidad económica.

Con el paso del tiempo, la narrativa revolucionaria comenzó a erosionarse. Muchas propiedades confiscadas no terminaron al servicio del pueblo, sino convertidas en residencias privadas de funcionarios, sedes partidarias o recompensas políticas dentro del aparato sandinista.

La deuda que sigue pagando el país

Ante la imposibilidad de devolver miles de propiedades, el Estado optó por una salida financiera: los Certificados de Bonos de Pago por Indemnización (CBPI). Estos instrumentos se emitieron para compensar a los afectados, incluidos numerosos ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades fueron confiscadas en los años ochenta.

Sin embargo, la solución trasladó el costo del despojo a toda la sociedad. A más de cuatro décadas de distancia, Nicaragua continúa destinando entre 20 y 25 millones de dólares anuales para cubrir esta deuda. Existen beneficiarios que nunca cobraron el valor total de los bonos y se limitaron a recibir intereses, prolongando una carga financiera que se extiende en el tiempo.

Incluso, parte de estos certificados fue digitalizada y autorizada para su negociación en la Bolsa de Valores de Nicaragua, con vigencia hasta 2041. En términos prácticos, el impacto económico de las confiscaciones sigue activo y compromete recursos públicos a largo plazo.

Un costo que no se borra

Así, fondos que podrían destinarse a salud, educación o infraestructura continúan pagando decisiones tomadas en nombre de una revolución que prometía justicia social. El costo no lo asumieron quienes ordenaron las confiscaciones ni quienes se beneficiaron directamente de ellas, sino generaciones enteras de contribuyentes.

Para muchas víctimas, el dinero nunca fue suficiente. No existe indemnización capaz de reparar el desarraigo, el exilio forzado, la ruptura familiar o la vida reconstruida desde cero. Algunos murieron esperando justicia; otros envejecieron viendo cómo quienes ocuparon sus casas consolidaban poder y riqueza.

Hoy, cuando Nicaragua vuelve a escuchar la palabra “confiscación”, la memoria de los años ochenta reaparece con fuerza. La historia demuestra que cuando el Estado arrebata sin ley ni justicia, la factura no desaparece con el tiempo: se hereda.