La purga interna impulsada por Rosario Murillo dentro del aparato de poder no se detuvo con la caída de Bayardo Arce. Este martes, la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo aceptó la salida de Gerardo Arce Castaño, magistrado de la Corte Suprema de Justicia y hermano del exasesor presidencial hoy encarcelado y desaparecido del espacio público.

Aunque formalmente se habló de una “renuncia”, en la práctica se trata de una expulsión encubierta. Bajo el esquema impuesto por el régimen, los funcionarios desplazados son obligados a presentar cartas de renuncia para cumplir un procedimiento administrativo que maquilla decisiones políticas ya tomadas. No se trata de salidas voluntarias, sino de destituciones ordenadas desde el Ejecutivo.

Un Poder Judicial bajo control absoluto

La carta de Arce Castaño fue dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, un órgano que opera como instancia de trámite automático de las decisiones de Daniel Ortega y Murillo.

La salida del magistrado se produce mientras el régimen continúa reconfigurando la Corte Suprema de Justicia, eliminando cualquier vestigio de autonomía y consolidando un control total del sistema judicial. En este contexto, la destitución de Arce Castaño no puede leerse como un hecho aislado, sino como parte de una estrategia más amplia de depuración interna.

La caída de una familia del poder

La renuncia forzada ocurre seis meses después del arresto de Bayardo Arce, una de las figuras históricas del sandinismo y durante años operador clave del modelo económico del régimen, especialmente en la alianza con el gran empresariado. Hoy, Arce es tratado como traidor por la cúpula y permanece en paradero desconocido, incluso para su propia familia.

La caída de Bayardo Arce arrastró consigo a su entorno más cercano, evidenciando que ni los vínculos familiares ni las trayectorias históricas ofrecen protección frente a la lógica de control y castigo interno que impera bajo el murillismo.

Un magistrado del ciclo de concentración de poder

Gerardo Arce Castaño ocupaba el cargo de magistrado de la Corte Suprema desde abril de 2014, en plena etapa de acelerada concentración de poder por parte del sandinismo. Su permanencia estuvo vinculada a ese proceso de subordinación institucional que terminó por convertir al Poder Judicial en un instrumento del Ejecutivo.

Con su salida, Rosario Murillo reafirma que la purga no distingue trayectorias ni lealtades pasadas. El mensaje hacia dentro del régimen es claro: el poder es personal, frágil y revocable, y cualquier figura puede ser sacrificada en nombre de la obediencia absoluta.

La caída de los Arce confirma que el régimen no solo persigue a la oposición, sino que devora a sus propios cuadros en su intento por blindar un control cada vez más cerrado y personalista del Estado.