La Justicia de Costa Rica asestó un revés a la pretensión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de extraditar al opositor nicaragüense Pedro Javier Fernández Sandoval, al revocar la orden de extradición solicitada por Nicaragua y disponer, en su lugar, la apertura de un proceso judicial bajo jurisdicción costarricense.

El Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal (TAS) del Segundo Circuito Judicial de San José resolvió este 9 de febrero de 2026, mediante la resolución número 2026-0213, declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por la defensa técnica de Fernández. Con esta decisión, el tribunal revocó la resolución 0768-2025, emitida el 8 de septiembre de 2025 por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial, que había ordenado su extradición a Nicaragua.

En su fallo, el TAS rechazó formalmente la solicitud de extradición formulada por el Estado nicaragüense, al tiempo que ordenó el cese de la detención provisional vinculada a ese proceso de extradición. No obstante, el tribunal aclaró que Fernández no quedará en libertad inmediata, sino que deberá ser puesto a la orden del Ministerio Público costarricense, con el fin de que se abra una causa penal en Costa Rica por los delitos de homicidio calificado que le atribuye Nicaragua.

El tribunal dispuso además una detención provisional por 24 horas, exclusivamente para garantizar su puesta a disposición del Ministerio Público y la aplicación de la denominada justicia supletoria, prevista en la legislación costarricense cuando se rechaza una extradición, pero existen imputaciones graves.

Golpe a la persecución transnacional denunciada por el exilio

La resolución judicial se produce meses después de que al menos 15 organizaciones nicaragüenses opositoras en el exilio solicitaran formalmente a la Justicia costarricense no extraditar a Fernández, a quien calificaron como perseguido político del régimen Ortega-Murillo. En septiembre de 2025, dichas organizaciones realizaron un plantón frente a los tribunales de San José y enviaron una carta a la jueza Maribel Bustillo Piedra, advirtiendo que su extradición lo expondría a tortura, tratos crueles o desaparición forzada.

Las organizaciones sostuvieron que Fernández, un campesino de 57 años, residente legal en Costa Rica desde hace tres décadas, padre de cuatro hijas una de ellas costarricense, no se encontraba en Nicaragua cuando ocurrieron los hechos por los que es requerido, sino trabajando como jardinero en una institución estatal costarricense. A su juicio, el caso forma parte de un patrón de represión y criminalización de la disidencia más allá de las fronteras, denunciado por organismos como la ONU y la CIDH.

Cooperación judicial, no extradición

En su resolución, el TAS dejó claro que, para la eventual incorporación de pruebas recopiladas por Nicaragua, deberá utilizarse el Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales suscrito en 1993 entre países de Centroamérica, incluido Nicaragua. La decisión también ordena comunicar el fallo a la fiscalía general de la República y a la Sala Constitucional, donde aún se tramita un recurso de habeas corpus a favor de Fernández.

El Ministerio Público de Nicaragua había solicitado la extradición de Fernández por el mismo caso en el que fueron acusados los opositores Douglas Gamaliel Pérez Centeno, ya extraditado, y Reinaldo Picado Miranda, quien permanece refugiado en Costa Rica. El régimen nicaragüense los responsabiliza de las muertes de una oficial de policía y un civil ocurridas el 1 de octubre de 2022 en el municipio de El Castillo, Río San Juan, una versión que ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos.