El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que solicitará a Nicaragua la entrega de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y una de las figuras centrales en el mayor escándalo de corrupción de su administración. La medida se ejecutará si se confirma que el exfuncionario reside actualmente en territorio nicaragüense.

“La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al Gobierno nicaragüense que sea entregado, si es residente en ese país”, escribió Petro el viernes 15 de agosto de 2025 en su cuenta de X, luego de que salieran a la luz documentos que evidencian que González renovó su residencia nicaragüense con apoyo de la embajada de Colombia en Managua.

Documentos que lo vinculan con Nicaragua

La cadena RCN Noticias divulgó el jueves 14 de agosto una fotografía de la cédula de residencia nicaragüense del exjefe del partido Alianza Verde, junto con una carta enviada por la embajada colombiana al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua. En el oficio, se solicitaba ayuda para “renovar la residencia” de González, quien —según el documento— se encuentra en Nicaragua desde el 5 de noviembre de 2024 y no ha salido desde entonces.

Petro y la excanciller Laura Sarabia negaron que el Ejecutivo hubiera gestionado privilegios para el exfuncionario, quien también dirigió la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) antes de verse implicado en la trama de sobornos. El mandatario, incluso, pidió a los medios “aclarar su noticia” y calificó de “falsa” la información que lo vincula directamente con gestiones a favor de González.

Orden de captura y acusaciones

González, de 66 años, enfrenta una orden de captura emitida el 3 de julio de 2025 por su presunta participación en el desvío de fondos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según la Fiscalía, el dinero, parte del cual provenía de un contrato para la compra de 40 carrotanques destinados a abastecer de agua a La Guajira, se habría utilizado para pagar coimas a congresistas a cambio de apoyo legislativo.

Militante histórico del partido Alianza Verde y antiguo compañero de Petro en la guerrilla del M-19, González habría ordenado los pagos ilícitos a través de la exconsejera Presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, de acuerdo con el testimonio del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla. Este último fue condenado en abril pasado a cinco años y ocho meses de prisión, convirtiéndose en el primer sentenciado por el caso.