En una decisión que representa un alivio para miles de personas que huyen de la violencia, la persecución y las crisis en sus países —entre ellos muchos nicaragüenses—, un juez federal ordenó este lunes al gobierno de Donald Trump admitir a unos 12.000 refugiados en Estados Unidos. La medida representa un revés para los esfuerzos de la administración republicana por restringir el sistema de acogida humanitaria.

La orden judicial aclara los límites establecidos previamente por una corte de apelaciones, que había autorizado la suspensión temporal del sistema de reasentamiento de refugiados, pero dejó claro que debían ser admitidas las personas a quienes ya se les había concedido la condición de refugio.

La semana pasada, el gobierno de Trump había argumentado en audiencia que solo debía admitir a 160 refugiados, aquellos que ya tenían programado viajar dentro de las dos semanas posteriores a la orden ejecutiva firmada en enero, que suspendió el programa.

Sin embargo, el juez Jamal Whitehead rechazó esa postura de forma categórica, señalando que «la interpretación del gobierno es, por ponerlo suavemente, un ‘chanchullo interpretativo’ del más alto nivel».

La decisión judicial restablece una vía esencial para las personas que han debido abandonar sus países en situaciones extremas. El fallo de Whitehead se suma a un dictamen anterior de febrero, cuando ya había bloqueado la orden ejecutiva de Trump por considerar que violaba la Ley de Refugio de 1980.

No obstante, ese fallo fue parcialmente revertido por el 9º Circuito de la Corte de Apelaciones en marzo. Aun así, el juez dejó claro que el fallo de apelaciones no limitaba los derechos de todos los refugiados ya aprobados.

«Si el 9º Circuito quisiera imponer una limitación de dos semanas, una que hubiera reducido la población protegida de unos 12.000 a 160 individuos, lo habría hecho explícitamente», escribió Whitehead.

Organizaciones demandaron a Trump

La demanda fue presentada por organizaciones defensoras de los derechos de los refugiados, como la oenegé judía HIAS, el grupo cristiano Church World Service, los Servicios Comunitarios Luteranos y varias personas afectadas.

Denunciaron que miles de personas —incluyendo familias nicaragüenses— quedaron varadas, sin hogar y sin recursos, tras haber vendido todo lo que tenían en sus países para emprender su viaje hacia un futuro más seguro.

El reasentamiento de refugiados sigue siendo una de las pocas vías legales para aspirar a la ciudadanía estadounidense. Bajo la administración del presidente Joe Biden, se amplió el programa para incluir a poblaciones vulnerables afectadas por crisis humanitarias, como el cambio climático.

El contraste con la política migratoria de Trump es evidente. Durante su mandato, impulsó deportaciones masivas a través de vuelos militarizados, en los que personas eran trasladadas esposadas a distintos países de América Latina, entre ellos Nicaragua.

Esta nueva orden judicial ofrece esperanza para quienes, como muchos nicaragüenses, han sido desplazados por la represión, la pobreza o el colapso institucional, y esperan una segunda oportunidad en tierra segura.