La detención de un opositor nicaragüense en territorio costarricense, a raíz de una alerta roja emitida por INTERPOL a solicitud del régimen Ortega-Murillo, ha encendido las alarmas entre defensores de derechos humanos y organizaciones del exilio. Durante una reciente reunión entre la Gran Confederación Opositora Nicaragüense (GCON) y el representante de ACNUR en Costa Rica, Andrés Celis, se discutió el caso y se logró el compromiso de revisar detalladamente la situación.

El detenido, identificado con las iniciales P. M., fue arrestado hace varios meses bajo cargos ampliamente utilizados por el régimen para criminalizar a voces disidentes: traición a la patria, menoscabo a la soberanía nacional, asesinato de militantes sandinistas y uso de armas restringidas. Según denuncias, estas acusaciones son parte de un patrón sistemático ya aplicado contra otros opositores como Reynaldo y Douglas, también detenidos previamente bajo alertas rojas gestionadas por Nicaragua.

La familia de P. M. presentó ante ACNUR pruebas contundentes que demuestran que él no se encontraba en Nicaragua en las fechas señaladas por la acusación, lo que refuerza la tesis de que se trata de una persecución política. Su esposa e hija manifestaron ante Celis su temor a una posible extradición que pondría en riesgo su vida, dadas las condiciones de represión, tortura y juicios arbitrarios ampliamente documentados en el país centroamericano.

Exiliados enfrentan amenazas, atentados y hasta asesinatos

El caso de P. M. no es aislado. En los últimos meses, Costa Rica ha dejado de ser un refugio seguro para muchos exiliados nicaragüenses. Las amenazas, atentados y agresiones físicas han aumentado, generando un ambiente de temor entre quienes huyeron del régimen en busca de protección. Líderes comunitarios, activistas y periodistas han denunciado seguimientos, hostigamiento en redes sociales, vigilancia sospechosa e incluso intentos de secuestro.

La situación alcanzó un punto crítico con el asesinato del mayor en retiro del Ejército y opositor Roberto Samcam, a inicios de julio, un crimen que aún permanece sin esclarecerse y que ha sido interpretado por diversas voces del exilio como un mensaje de terror.

El crimen de Samcam ha tenido repercusión incluso en el Parlamento Europeo, donde se ha advertido que la represión nicaragüense ya no se limita a las fronteras del país, sino que ahora persigue a sus críticos hasta el extranjero, desafiando los principios básicos del derecho internacional y la protección de refugiados.