En su más reciente informe, la organización internacional de derechos humanos documenta cómo el régimen sandinista ha reforzado su control mediante reformas constitucionales, persecución política, represión sostenida y el desmantelamiento total de la sociedad civil, configurando lo que define como un Estado autoritario plenamente consolidado.

Reformas constitucionales para blindar el poder

HRW señala que las reformas constitucionales impulsadas y aprobadas por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, han servido para concentrar aún más el poder en el Ejecutivo, debilitando la independencia de los poderes del Estado.

Uno de los puntos más graves es la consolidación de la figura de Rosario Murillo como copresidenta, con facultades para incidir directamente en el funcionamiento del Poder Judicial y Legislativo, anulando los ya frágiles mecanismos de control institucional. La organización recuerda que desde 2014 se eliminaron los límites a la reelección presidencial, lo que permitió a Ortega mantenerse en el poder de forma indefinida desde 2007.

Represión como política de Estado

El informe documenta que la represión dejó de ser una respuesta coyuntural para convertirse en una política permanente del régimen. HRW advierte que no solo opositores históricos han sido perseguidos, sino también antiguos aliados, funcionarios y simpatizantes del sandinismo que han mostrado cualquier signo de autonomía o disenso.

Hasta finales de 2025, se registraban al menos 77 presos políticos, muchos de ellos detenidos bajo cargos considerados arbitrarios. La organización también denuncia casos de desapariciones forzadas, muertes bajo custodia estatal y detenciones prolongadas sin garantías procesales, prácticas que se han repetido desde 2018.

Nacionalidad como castigo político

Human Rights Watch destaca como especialmente alarmante el uso de la nacionalidad como herramienta de castigo. Desde 2023, el régimen ha despojado arbitrariamente de la ciudadanía a al menos 452 nicaragüenses, acompañando esa medida con confiscación de bienes y expulsión del país.

La nueva Constitución permite retirar la nacionalidad a quienes sean señalados como “traidores a la patria”, una figura ambigua que, según HRW, se utiliza para silenciar críticos y neutralizar voces incómodas, tanto dentro como fuera de Nicaragua.

Represión más allá de las fronteras

El informe también alerta sobre la represión transnacional ejercida por el régimen. Nicaragüenses en el exilio han denunciado vigilancia, acoso, amenazas y agresiones vinculadas a redes afines al Estado, lo que extiende el clima de temor más allá de las fronteras nacionales.

Para HRW, este patrón demuestra que el régimen busca controlar incluso a quienes han logrado salir del país, enviando un mensaje de intimidación permanente.

Desmantelamiento de la sociedad civil y la prensa

Desde 2018, más de 5,500 organizaciones no gubernamentales han sido canceladas, clausuradas o confiscadas, mientras al menos 58 medios de comunicación independientes han sido cerrados o forzados al exilio.

La organización subraya que cerca de 300 periodistas se han visto obligados a abandonar Nicaragua, una cifra que refleja la magnitud del colapso de la libertad de expresión y del derecho a la información.

Éxodo forzado y crisis humanitaria

HRW contextualiza el autoritarismo con su impacto humano: entre 2018 y 2025, cientos de miles de nicaragüenses solicitaron asilo en el extranjero, principalmente en Costa Rica, Estados Unidos, México y Europa. Decenas de miles ya han sido reconocidos formalmente como refugiados, evidenciando que la represión ha empujado a una parte significativa de la población al exilio forzado.

Aislamiento internacional deliberado

El informe recuerda que Nicaragua se retiró de instancias internacionales clave de derechos humanos, incluida la Organización de los Estados Americanos y organismos de Naciones Unidas, como una estrategia deliberada para evitar supervisión, escrutinio y rendición de cuentas.

Un régimen sin retorno democrático

La conclusión de Human Rights Watch es clara: Nicaragua atraviesa una deriva autoritaria profunda, sostenida y estructural, donde el poder se ejerce sin límites legales ni controles democráticos. Las reformas constitucionales, la represión, el despojo de ciudadanía, el exilio forzado y el silenciamiento de la sociedad civil confirman que el régimen de Ortega y Murillo ha cerrado todas las vías institucionales para una salida democrática.