Una nueva "guillotina sandinista" ha caído sobre el sistema de salud de Nicaragua, con la expulsión de médicos especialistas. Esta purga afecta directamente a cientos de pacientes que esperaban por consultas y procedimientos especializados en todo el país, profundizando la ya precaria situación sanitaria.

Los despidos fueron simultáneos, confirmados por fuentes en Rivas, León, Estelí, Masaya y Chinandega. Hospitales primarios y departamentales despidieron a neonatólogos, ginecólogos y cirujanos con años de valiosa experiencia. En su lugar, se ha ubicado a médicos recién graduados de universidades controladas por el sandinismo.

¿Las razones de esta drástica medida? Son las mismas de siempre: pasadas de cuentas, lealtades no comprobadas al régimen, inasistencia a marchas o actividades políticas, o simplemente la percepción de falta de "entusiasmo revolucionario".

Esta ola de despidos es alarmantemente, similar a la vivida en 2018, cuando Nicaragua fue escenario de protestas masivas que resultaron en decenas de heridos. En aquel entonces, la ministra de Salud, Sonia Castro —sancionada y posteriormente apartada de su cargo—, ordenó explícitamente no atender a los manifestantes heridos. Muchos médicos se negaron a acatar esa orden, priorizando el juramento hipocrático y salvando numerosas vidas, una acción que les valió la persecución política.

Hospitales sin médicos especialistas

La actual jornada de despidos genera una profunda preocupación en la población y en la comunidad médica. Los hospitales están quedando en manos de profesionales con poca o nula experiencia, descartando el invaluable conocimiento y la trayectoria de especialistas que han dedicado años a su formación y al servicio de la salud.

El caso del Hospital Oscar Danilo Rosales en León es particularmente grave. Tras los despidos, varios médicos renunciaron, denunciando el trato humillante y despectivo que reciben. Este hecho es especialmente crítico, ya que en ese departamento está por inaugurarse un nuevo hospital. Sin embargo, este abrirá sus puertas con un equipo de médicos novatos e inexpertos, poniendo en riesgo la vida de pacientes con condiciones graves que requieren atención especializada.

La situación actual es una extensión de la violencia política y la represión que ha sufrido el gremio médico en Nicaragua. Desde 2018, los profesionales de la salud han sido blanco de una implacable persecución. Se ha documentado la cancelación de personerías jurídicas de diversas asociaciones médicas, dejando a los galenos sin representatividad ni defensa gremial.

Los médicos han sido perseguidos, criminalizados y forzados al exilio, lo que ha provocado una fuga de cerebros sin precedentes en el sector salud. Esta política de amedrentamiento y purga ideológica está desmantelando el sistema de salud público del país, dejando a la población desprotegida y sin acceso a la atención especializada que tanto necesita.