Nicaragua se encuentra a tan solo diez días de enfrentar la aplicación de un arancel del 18% a sus exportaciones con destino a Estados Unidos. Esta medida, impuesta por la administración del presidente Donald Trump, llega tras la finalización de una "pausa de 90 días" decretada en abril, y sin que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo haya anunciado acuerdo alguno o gestiones diplomáticas para mitigar su impacto.

Mientras otros países centroamericanos fueron incluidos en una lista general con un arancel base del 10%, Nicaragua fue penalizada con una tarifa significativamente más alta del 18%. Este diferencial ha generado profunda preocupación en círculos económicos y exportadores, quienes advierten sobre las graves consecuencias para la economía nacional.

La imposición de un arancel del 18% a Nicaragua, en contraste con el 10% para sus vecinos centroamericanos, se explica por la política de "aranceles recíprocos" impulsada por la administración Trump. Según Estados Unidos, esta medida busca compensar los aranceles más elevados que Nicaragua impone a los productos estadounidenses.

Economistas han señalado que mientras otros países de la región aplican un arancel de aproximadamente el 10% a los productos de EE. UU., Nicaragua ha estado aplicando un arancel del 36%. En este contexto, el arancel del 18% se presenta como una medida de "reciprocidad" que duplica el gravamen de sus pares centroamericanos.

Productos nicaragüenses serán más caros en EE.UU

Analistas sugieren que la diferencia en el arancel también ven causas políticas. El comportamiento autoritario del régimen de Ortega, las violaciones a los derechos humanos, la falta de transparencia y discursos anti-Washington, ponen ahora a Nicaragua en una peligrosa línea de desventaja que puede devenir en que los productos nicaragüenses se volverán más caros en el mercado estadounidense.

Lo que podría llevar a una reducción drástica de la demanda y la pérdida de contratos de exportación, especialmente en sectores clave como el textil (maquila), que dependen en gran medida del mercado estadounidense. Las empresas exportadoras nicaragüenses temen que verán mermados sus beneficios, lo que dificultará la inversión, la expansión y la sostenibilidad de las operaciones.

Sectores intensivos en mano de obra, como las zonas francas, podrían enfrentar despidos masivos y cierres de fábricas como consecuencia directa de la menor demanda y la reducción de la rentabilidad. Esto, a su vez, podría desencadenar una nueva ola migratoria.

La falta de una respuesta clara por parte del régimen de Ortega y Murillo no sorprende, no se conocen negociaciones o un plan para mitigar los efectos, agrava la incertidumbre y el temor en el sector privado. Mientras, el régimen sandinista parece no inmutarse, Ortega se sabe capitalizado y seguro, como siempre actúa disociado de la realidad y de los verdaderos problemas del país.