El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó que su gobierno está avanzando en el proceso de regularización migratoria de decenas de nicaragüenses que llegaron al país tras ser perseguidos o desterrados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La medida refuerza la postura del nuevo gobierno guatemalteco a favor de los derechos humanos y la protección internacional.

Arévalo declaró que su administración busca brindar estabilidad y garantías legales a los nicaragüenses que encontraron refugio en Guatemala, muchos de ellos excarcelados políticos que fueron liberados en 2024 tras negociaciones internacionales.

El mandatario aseguró que el objetivo es “dar una respuesta humana y justa” a quienes sufrieron persecución por sus ideas, destacando que Guatemala tiene una “obligación moral y democrática” de protegerlos.

Estas declaraciones se dan en un momento en que organismos internacionales denuncian el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, donde más de 120 ciudadanos permanecen en condición de desaparecidos forzados o presos por motivos políticos.

Un gesto humanitario con implicaciones políticas

En septiembre de 2024, Guatemala recibió a 135 presos políticos nicaragüenses, liberados tras una gestión coordinada entre Estados Unidos y organismos internacionales.

El canciller guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, calificó entonces la acción como “un gesto humanitario”, y aseguró que se brindarían facilidades migratorias para que los desterrados pudieran permanecer legalmente en el país o tramitar su reasentamiento en terceros países, como Estados Unidos o España.

Sin embargo, varios de los beneficiarios denunciaron que su permanencia en Guatemala estaba limitada a 90 días, lo que ahora el gobierno busca resolver mediante un proceso de regularización formal.

Aunque el gobierno guatemalteco no ha revelado detalles sobre el tipo de estatus legal que otorgará, fuentes oficiales confirman que se estudian tres vías principales: Permisos temporales de residencia con derecho a trabajar, Procesos de asilo o refugio humanitario, Acuerdos de cooperación con ACNUR y otras agencias internacionales.

El Ministerio de Gobernación guatemalteco estaría coordinando los mecanismos administrativos, mientras organizaciones de derechos humanos acompañan los casos más vulnerables, especialmente los de mujeres y menores de edad.

Un contraste con el silencio del régimen Ortega-Murillo

Mientras Guatemala avanza en la protección de perseguidos políticos, el régimen sandinista mantiene el silencio y la negación sobre los crímenes de persecución, confiscación y destierro.

Desde 2018, más de 600 opositores han sido encarcelados y decenas de ellos despojados de su nacionalidad. La dictadura ha intensificado además la vigilancia y las confiscaciones contra familiares de exiliados.

La decisión de Guatemala contrasta con la actitud ambigua de otros países centroamericanos, algunos de los cuales han evitado posicionarse sobre la crisis nicaragüense por razones diplomáticas o comerciales.

Con esta medida, el gobierno de Arévalo busca reposicionar a Guatemala como un actor comprometido con la democracia y la defensa de los derechos humanos en la región, en línea con su discurso desde la toma de posesión en enero de 2024.

El proceso de regularización de los perseguidos políticos nicaragüenses en Guatemala aún está en marcha, pero constituye un paso simbólico y político relevante frente al autoritarismo regional. La respuesta humanitaria de Guatemala se perfila como una nueva ruta de protección para quienes han sido despojados de su patria por la represión de Ortega y Murillo.