El 81 % de los ingresos reportados por el partido oficial en 2025 fue clasificado bajo el ambiguo concepto de “otros ingresos”, un rubro millonario sin desglose público que profundiza las dudas sobre la transparencia financiera del sandinismo.

Rosario Murillo no solo consolidó su control político sobre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); también ejerce dominio sobre una estructura financiera que opera con amplios márgenes de discrecionalidad. Los estados financieros correspondientes a 2025 revelan que el partido reportó ingresos totales por 664.64 millones de córdobas. De ese monto, 543 millones equivalentes al 81 % fueron registrados bajo la categoría genérica de “otros ingresos”.

El dato fue consignado en los informes publicados el 24 de febrero en el diario oficial La Gaceta y citado por el medio independiente La Prensa. Sin embargo, el documento no detalla el origen específico de esos fondos, ni su naturaleza, ni los mecanismos a través de los cuales fueron generados o transferidos.

El contador general del partido, Aaron Ernesto Fletes Sandoval, desglosó que el restante 19 % de los ingresos proviene de aportes de la bancada del FSLN y nivel central (48.2 millones de córdobas), contribuciones del nivel departamental (60.4 millones) y alquileres de bienes inmuebles (9.8 millones). Aun así, la mayor parte de los recursos permanece concentrada en un rubro cuya amplitud conceptual impide cualquier verificación pública.

Una categoría amplia que despierta interrogantes

En sistemas democráticos consolidados, los partidos políticos están obligados a transparentar con precisión el origen de sus fondos, identificar donantes, detallar ingresos extraordinarios y someter sus finanzas a auditorías independientes. La finalidad es prevenir conflictos de interés, captura institucional o el uso de estructuras partidarias para el encubrimiento de flujos financieros irregulares.

En el caso del FSLN, la categoría “otros ingresos” concentra más de quinientos millones de córdobas sin que exista un desglose detallado que permita conocer su procedencia. ¿Son donaciones privadas? ¿Transferencias vinculadas a empresas afines? ¿Ingresos derivados de estructuras paralelas? Las preguntas se multiplican ante la ausencia de información verificable.

Para sectores críticos del oficialismo, la opacidad no es un hecho aislado, sino parte de un modelo de concentración de poder político y económico en torno al círculo gobernante. La falta de separación clara entre partido, Estado y entorno familiar ha sido señalada reiteradamente como una de las características centrales del sistema político nicaragüense actual.

Partido, Estado y familia: fronteras cada vez más difusas

Diversos reportes periodísticos han documentado cómo la familia presidencial ha expandido su presencia en sectores estratégicos de la economía nacional, incluyendo medios de comunicación, energía, combustibles y bienes raíces. En ese contexto, resulta cada vez más difícil establecer dónde termina la estructura partidaria y dónde comienza la administración estatal o los intereses privados.

El FSLN no solo ejerce control sobre los principales órganos del Estado, sino que también ha consolidado influencia en instituciones regulatorias y financieras. Analistas han señalado que esta concentración institucional facilita un entorno donde la fiscalización independiente es prácticamente inexistente.

La percepción de que partido y gobierno funcionan como una sola estructura alimenta la idea de que los recursos políticos y económicos pueden moverse sin contrapesos reales. En ese escenario, la falta de detalle sobre el 81 % de los ingresos del FSLN adquiere una dimensión que trasciende lo contable y se convierte en un asunto de transparencia y gobernabilidad.

Sanciones y advertencias internacionales

En paralelo, el Gobierno de Estados Unidos anunció recientemente sanciones contra la Unidad de Análisis Financiero (UAF), señalando supuestas prácticas que debilitan los controles contra el lavado de activos y el financiamiento ilícito. Washington argumentó que determinadas instituciones nicaragüenses habrían sido utilizadas para encubrir flujos financieros opacos y limitar la supervisión independiente.

Aunque las sanciones no están dirigidas directamente al FSLN como partido político, el contexto refuerza los cuestionamientos sobre la solidez de los mecanismos de control financiero en el país. La debilidad de los sistemas de rendición de cuentas, combinada con la concentración de poder institucional, genera un entorno propicio para la opacidad.

Rosario Murillo: centralización y discrecionalidad

En Nicaragua, el FSLN no opera como un partido tradicional con estructuras colegiadas y contrapesos internos efectivos. Las decisiones estratégicas, políticas y comunicacionales están altamente centralizadas en la figura de Rosario Murillo, quien además de ejercer la Vicepresidencia de la República es considerada la principal operadora del aparato partidario.

La concentración de poder en su figura no es únicamente política; también es administrativa. La información financiera que se publica, el nivel de detalle que se ofrece y los silencios que se mantienen responden a una lógica vertical, donde no existen mecanismos independientes que obliguen a rendir cuentas con mayor profundidad.

En cualquier sistema democrático, un partido que concentra más del 80 % de sus ingresos en una categoría ambigua estaría sometido a auditorías técnicas, supervisión electoral y debate público. En Nicaragua, en cambio, no hay instancias autónomas con capacidad real para exigir explicaciones.

El FSLN reporta cifras, pero no transparenta plenamente su origen. Publica montos globales, pero no desagrega fuentes. Y en ese margen de opacidad, la administración partidaria queda bajo la discrecionalidad de quien concentra el poder político interno.

La llamada “mina de oro” no es solo una metáfora financiera. Es también la expresión de un modelo donde partido, Estado y liderazgo personal convergen sin límites claramente definidos. Mientras no existan controles independientes y mecanismos efectivos de fiscalización, los 543 millones de córdobas clasificados como “otros ingresos” seguirán siendo una cifra pública sin explicación pública.