La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia histórica que declara la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la desaparición forzada del coronel en retiro José Ramón Silva Reyes, secuestrado en 1983 por estructuras represivas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

El fallo revive uno de los capítulos más violentos de la década de los 80, un periodo marcado por represalias políticas, torturas sistemáticas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones perpetradas desde los aparatos de seguridad del sandinismo.

Una desaparición ejecutada bajo engaños y dirigida desde el poder

De acuerdo con la sentencia, Silva Reyes exintegrante de la Guardia Nacional permanecía asilado en la Embajada de Guatemala desde 1979, huyendo de la persecución política que el sandinismo desató contra antiguos adversarios.

El 30 de octubre de 1983, agentes estatales lo engañaron para abandonar la sede diplomática. Afuera lo esperaba la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE), que lo detuvo sin orden judicial y lo trasladó a instalaciones clandestinas.

La Corte concluyó que la víctima fue torturada, desaparecida y colocada en un “riesgo real e inminente de violencia”, lo cual constituye una violación directa a sus derechos fundamentales: vida, integridad personal y personalidad jurídica.

Desde ese día, el coronel Silva Reyes permanece desaparecido.

Los crímenes del sandinismo en los 80 bajo escrutinio internacional

El fallo devuelve a la escena global los abusos cometidos por el sandinismo durante su primera etapa en el poder.

En aquel periodo, los organismos de seguridad del Estado bajo la dirección de Tomás Borge, ministro del Interior, y su operador de inteligencia Lenín Cerna, hoy también desaparecido consolidaron una red de represión que operaba con total impunidad: detenciones arbitrarias, interrogatorios bajo tortura, centros clandestinos, expropiaciones, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Incluso antiguos comandantes del FSLN, como Luis Carrión, han reconocido públicamente que la estructura estatal cometió graves violaciones a los derechos humanos en nombre de la revolución.

La Corte IDH subraya que la desaparición forzada de Silva Reyes se dio en un contexto de represión sistemática, un patrón que coincide con otras denuncias de la época y que revela una política de Estado.

Un crimen de 1983 que dialoga con la Nicaragua actual

Aunque el caso ocurrió hace más de cuatro décadas, su sentencia cae sobre un país controlado nuevamente por el sandinismo, ahora bajo el mando autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El fallo no solo condena el pasado, sino que expone la continuidad del patrón represivo: detenciones arbitrarias, persecución a opositores, desapariciones temporales, torturas documentadas y una justicia subordinada al poder político.

La Corte IDH ordenó al Estado investigar el paradero de la víctima, reparar a la familia, reconocer su responsabilidad y adoptar medidas para garantizar la no repetición.
Sin embargo, el régimen de Ortega-Murillo se encuentra en desacato permanente de las sentencias internacionales, manteniendo un historial de negación, silencio y opacidad.

Una sentencia que rompe décadas de impunidad

El caso Silva Reyes se suma a las múltiples condenas que Nicaragua acumula ante organismos internacionales por violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Para familiares, activistas y organizaciones de justicia transicional, este fallo representa un avance en la lucha contra la impunidad que el sandinismo ha intentado ocultar durante más de 40 años.

La desaparición del coronel, hoy reconocida a nivel continental, confirma que los crímenes de Estado no prescriben, y que ni el paso del tiempo ni el poder político pueden sepultar la verdad.