El trágico feminicidio de la tiktoker nicaragüense Juneysis Merlo ha desencadenado una compleja batalla legal por la custodia de sus hijas de cuatro años. Mientras el presunto asesino, Gustavo Ramírez Calvo, permanece en prisión, dos familias y dos sistemas de justicia se encuentran bajo la lupa pública.

Disputa por la tutela

Actualmente, las gemelas se encuentran bajo el resguardo del Estado costarricense. Sin embargo, la familia de Merlo en Nicaragua y una hermana de Ramírez Calvo en Costa Rica han iniciado gestiones legales para obtener la tutela definitiva. El objetivo de la familia materna es trasladar a las niñas a Nicaragua para reunirlas con su hermano de 10 años.

Por otro lado, la hermana del presunto agresor insiste en reclamar el cuido, lo que ha generado fuertes críticas entre la comunidad nicaragüense, que demanda justicia y que las menores crezcan lejos del entorno del victimario.

La postura del sistema judicial y el PANI

A pesar de que voceros oficialistas del régimen de Nicaragua han criticado el sistema judicial costarricense y aseguran haber influido en las decisiones administrativas, expertos legales aclaran que el proceso sigue un cauce institucional independiente.

En entrevista para DaríoMedios, el abogado litigante y consultor jurídico Boris Molina Acevedo explicó que la última palabra no la tiene el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

"El PANI otorga una custodia provisional, pero ante un conflicto de intereses, el caso debe someterse a un juez de la República. Él será quien tome la decisión final basándose en el Interés Superior del Menor", puntualizó Molina.

Valoraciones legales

El experto, reconocido por su trayectoria en derecho procesal constitucional, subrayó que el juez deberá valorar diversos factores más allá de la consanguinidad. "El juez debe considerar el beneficio integral de las menores por encima de cualquier argumento legal de las familias, a menos que se demuestre alguna implicación en los hechos", sostuvo.

Mientras tanto, la opinión pública nicaragüense se mantiene vigilante, exigiendo que las autoridades costarricenses prioricen el bienestar emocional de las huérfanas y permitan su retorno con la familia de la víctima.

Mientras tanto, el caso también ha abierto un debate más amplio sobre la protección de menores en contextos de violencia extrema y feminicidio. Organizaciones defensoras de derechos humanos han insistido en que, en situaciones como esta, el análisis no debe centrarse únicamente en vínculos biológicos, sino en garantizar entornos seguros, estables y emocionalmente adecuados para las niñas.

Especialistas en niñez advierten que los menores que han estado expuestos a contextos de violencia requieren acompañamiento psicológico continuo y decisiones institucionales que prioricen su bienestar integral. En ese sentido, el proceso que enfrenta el PANI no solo es legal, sino también profundamente humano, ya que definirá el entorno en el que crecerán las menores tras la pérdida de su madre.

El caso también ha puesto en evidencia las tensiones entre sistemas legales y familiares cuando existen disputas transnacionales. La posibilidad de trasladar a las niñas fuera de Costa Rica implica no solo un cambio de entorno, sino también retos en términos de seguimiento institucional, acceso a apoyo psicológico y garantías de protección.

A esto se suma la presión mediática y social que ha generado el caso, tanto en Costa Rica como en Nicaragua, donde sectores exigen que las decisiones no respondan a intereses particulares, sino al interés superior de las menores.

Por ahora, el proceso continúa en manos de las autoridades costarricenses, que deberán valorar todos los elementos antes de tomar una decisión definitiva sobre la custodia. Mientras tanto, las niñas permanecen bajo protección estatal, en medio de una disputa que refleja no solo un conflicto familiar, sino también las complejidades de la justicia en casos marcados por la violencia y el dolor.

El desenlace del caso no solo impactará a la familia involucrada, sino que podría sentar un precedente sobre cómo se abordan este tipo de disputas en la región, especialmente cuando están atravesadas por contextos de feminicidio y protección de menores.