El abogado húngaro Reed Bródy, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, impulsado por Naciones Unidas, reveló este miércoles que están en conversaciones con distintos Estados para que uno o varios asuman la responsabilidad de denunciar a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), acusándolos de delitos de tortura y apatridia, ambos considerados crímenes de lesa humanidad.

“Estamos intentando encontrar un Estado o un grupo de Estados que acepte de llevar a Nicaragua ante la CIJ”, declaró Bródy, reconocido internacionalmente como el “cazador de dictadores”, durante su participación en el foro Ruta de justicia: el camino de las víctimas frente a crímenes de lesa humanidad, realizado en Costa Rica por el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, en el marco de su sexto aniversario.

Bródy, quien integra el grupo de expertos junto al jurista alemán Jan-Michael Simon (presidente del panel) y la uruguaya Ariela Peralta, explicó que el equipo está enfocado en “establecer la responsabilidad estatal por las violaciones” cometidas contra la población nicaragüense, especialmente aquellas relacionadas con la Convención contra la Tortura y la Convención para reducir los casos de apatridia.

Apatridia como represión

El también ciudadano estadounidense señaló que el régimen de Ortega y Murillo ha hecho de la apatridia una herramienta sistemática de represión: “Nicaragua es el país en el mundo donde más se utiliza la privación arbitraria de nacionalidad por razones políticas”, afirmó. Y añadió: “No hay otro país que iguale a Nicaragua y es una violación flagrante de la Convención, tanto cuando deja a personas apátridas, como cuando se hace por motivos arbitrarios”.

La decisión de acudir a la CIJ, sostuvo Bródy, responde al hecho de que es la única institución que la dictadura “valoriza”, ya que se ha convertido en su “cliente más frecuente en el mundo”.

Durante el foro, el experto instó a las personas exiliadas a documentar rigurosamente sus casos y presionar a los países que los han acogido para que actúen en busca de justicia: “hacer presión en sus países de acogida para que haya justicia”, fue su llamado.

Una lista de 54 implicados en crímenes desde 2018

El pasado 3 de abril, el mismo grupo de expertos publicó una lista con 54 nombres de responsables directos de violaciones graves a los derechos humanos desde 2018. Al frente de esas acusaciones figuran Daniel Ortega y Rosario Murillo, que tras una reforma constitucional en febrero se autoproclamaron “copresidentes”.

Entre los señalados también están el jefe del Ejército, Julio César Avilés; el magistrado Marvin Aguilar, actual presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia; el director de la Policía Nacional, Francisco Díaz; y el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.

Según el informe, todos ellos han desempeñado roles clave en una estructura de represión que incluye detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecución de la sociedad civil y censura a medios independientes, crímenes que en muchos casos califican como de lesa humanidad.

Represores identificados

La revelación de estos nombres se produjo semanas después de la presentación del segundo informe oficial ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el 28 de febrero. Un día antes, el 27 de febrero, la dictadura decidió retirarse de ese organismo, en lo que fue interpretado como un intento desesperado por evitar el escrutinio internacional.

En el mismo mes, el régimen también abandonó otras agencias internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la FAO.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una aguda crisis política y social, agravada por las elecciones fraudulentas de noviembre de 2021, donde Ortega se reeligió por quinta vez—cuarta consecutiva—tras encarcelar a sus principales contendientes, expulsarlos del país y despojarlos de su nacionalidad y derechos civiles, bajo acusaciones infundadas de “golpismo” y “traición a la patria”.

La comunidad internacional ha denunciado de manera sostenida las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el país. Además de cerrar medios de comunicación y universidades, la dictadura ha desmontado el tejido institucional del país para consolidar una estructura autoritaria que opera bajo el terror, la censura y el exilio forzado.