Nicaragua vuelve a quedar bajo la lupa internacional

Este martes, 10 de marzo de 2026, un nuevo informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas volvió a colocar a Nicaragua en el centro de las preocupaciones internacionales por el deterioro de los derechos fundamentales.

El documento, elaborado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, examina la evolución de la represión política en el país desde el estallido de las protestas de abril de 2018 y describe una estructura estatal que habría sido utilizada para perseguir a opositores reales o percibidos.

Según el informe, existen motivos razonables para creer que agentes estatales y actores vinculados al poder han cometido violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos contra opositores y sus familias.

El análisis también aborda las dimensiones de género de la represión, los perfiles de las víctimas y las estructuras institucionales que habrían permitido sostener estas prácticas durante los últimos años.

Violaciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad

Entre los hallazgos más alarmantes del documento se encuentra la conclusión de que algunas de las violaciones documentadas podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

El grupo de expertos señala que desde 2018 se han registrado asesinatos, encarcelamientos arbitrarios, torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas y persecución política sistemática contra quienes son percibidos como críticos del gobierno.

Según el análisis presentado ante Naciones Unidas, estas prácticas no serían hechos aislados, sino parte de un patrón de represión sostenido en el tiempo y dirigido contra amplios sectores de la sociedad.

Entre las víctimas figuran opositores políticos, activistas sociales, periodistas, estudiantes, defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones civiles.

Financiamiento estatal de la represión

Uno de los elementos más sensibles documentados por los expertos es la forma en que la represión habría sido financiada.

El informe señala que fondos públicos originalmente destinados a programas sociales, proyectos gubernamentales y gastos operativos habrían sido desviados para financiar operaciones de seguridad, grupos armados progubernamentales y estructuras vinculadas al partido oficialista.

De acuerdo con la investigación, estos recursos habrían sido canalizados a través de una estructura paralela dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para sostener operaciones represivas contra manifestantes y opositores.

“El mal uso y el desvío de recursos públicos han contribuido directamente a la comisión de graves violaciones de derechos humanos”, afirmó el experto Reed Brody, miembro del grupo de investigación.

Un patrón de control cada vez más sofisticado

El informe también describe cómo los mecanismos de control político han evolucionado desde las protestas de 2018.

Si en los primeros momentos la represión se caracterizó por el uso directo de la fuerza en las calles, con detenciones masivas y acciones violentas contra manifestantes, posteriormente el aparato estatal habría desarrollado métodos más complejos de control.

Entre ellos destacan la vigilancia digital, la criminalización judicial de opositores, la cancelación de organizaciones civiles, el cierre de medios de comunicación y la adopción de leyes restrictivas que limitan el espacio político.

Para los expertos, esta evolución refleja un intento del poder por consolidar el control político reduciendo el costo internacional de la represión abierta.

Represión que se extiende más allá de las fronteras

El informe también documenta violaciones transnacionales de derechos humanos, es decir, acciones represivas dirigidas contra nicaragüenses que se encuentran fuera del país.

Según el reporte, opositores en el exilio han sido objeto de vigilancia, amenazas, campañas de difamación y ataques digitales coordinados a través de redes vinculadas al aparato estatal.

Los expertos describen una arquitectura de inteligencia que involucraría a instituciones estatales, misiones diplomáticas y operadores políticos para monitorear a críticos del gobierno en distintos países.

En algunos casos, estas acciones habrían incluido vigilancia digital, hackeo de cuentas, divulgación de datos personales y presiones contra familiares que permanecen en Nicaragua.

El impacto en el exilio nicaragüense

El informe también examina las consecuencias de estas prácticas sobre las comunidades de nicaragüenses que han abandonado el país en los últimos años.

Muchos de ellos periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos continúan enfrentando vigilancia, hostigamiento o campañas de desprestigio incluso después de haber salido de Nicaragua.

El reporte también menciona casos de ataques contra críticos del gobierno en el extranjero. Entre ellos se incluye el asesinato en junio de 2025 en Costa Rica del mayor retirado del ejército nicaragüense y analista militar Roberto Samcam, una de las voces más críticas del régimen desde el exilio.

Para los expertos, este tipo de episodios refleja los riesgos que enfrentan opositores nicaragüenses incluso después de haber abandonado el país.

“La represión y la corrupción institucional se han convertido en el método de gobierno en Nicaragua bajo el control de la familia Ortega-Murillo.” Jan-Michael Simon

Posibles responsabilidades internacionales

Más allá de documentar violaciones graves de derechos humanos, el informe también apunta a la posible responsabilidad penal de quienes dirigen el aparato estatal.

Los expertos señalan que las violaciones registradas no responden únicamente a acciones aisladas de funcionarios o agentes de seguridad, sino que estarían vinculadas a decisiones adoptadas dentro de la estructura de poder del Estado.

Este señalamiento abre la puerta a posibles procesos de rendición de cuentas en tribunales internacionales o bajo el principio de jurisdicción universal, utilizado por algunos países para investigar crímenes graves cometidos fuera de su territorio.

Una crisis que sigue abierta

A casi ocho años del estallido de las protestas de 2018, el informe del GHREN concluye que los patrones de represión no solo persisten, sino que han evolucionado hacia formas más complejas de control político.

Entre ellas se encuentran la vigilancia digital, la persecución judicial contra opositores y la presión contra quienes se encuentran fuera del país.

Para los expertos de Naciones Unidas, estos mecanismos forman parte de una estrategia sostenida para eliminar la disidencia, garantizar la impunidad y consolidar el control político del Estado.

El informe deja un mensaje claro: las violaciones documentadas no han desaparecido, y su impacto sigue alcanzando tanto a quienes permanecen dentro de Nicaragua como a quienes se han visto obligados a continuar su vida en el exilio.

Mientras el régimen insiste en negar las acusaciones, la presión internacional continúa acumulándose y las evidencias recogidas por organismos independientes comienzan a perfilar un escenario cada vez más complejo para quienes ejercen el poder en Managua.