El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas denunció que al menos 120 personas permanecen desaparecidas en Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en lo que califican como una práctica sistemática de represión política.

En un comunicado emitido este viernes 3 de octubre de 2025, los expertos alertaron que entre las víctimas se encuentran líderes indígenas, mujeres, adultos mayores y ciudadanos considerados disidentes, sin importar su afiliación política. “Todos aquellos que intentan defender sus derechos corren el riesgo de ser víctimas de desaparición forzada en Nicaragua, y esto debe terminar de inmediato”, advirtió el organismo internacional.

Los especialistas señalaron que muchas de las desapariciones parecen haber sido ordenadas desde las más altas esferas del poder, con el propósito de “infundir miedo en la sociedad y enviar el mensaje de que cualquiera que exprese una opinión diferente puede correr la misma suerte”.

Aunque el grupo de trabajo ha logrado verificar 120 casos, advirtió que el número real podría ser mucho mayor, debido al silencio impuesto por el terror y las represalias. Muchas familias se abstienen de denunciar por temor a la persecución, señaló el informe.

Silencio y negación del régimen

El informe subraya que el Gobierno de Ortega-Murillo no ha respondido a las consultas ni colaborado con el Grupo de Trabajo de la ONU. Durante la presentación del informe ante el Consejo de Derechos Humanos el pasado 16 de septiembre, los expertos denunciaron la falta de información sobre detenciones prolongadas, condiciones carcelarias inhumanas y personas en paradero desconocido.

El Grupo de Trabajo está integrado por Gabriella Citroni (Italia), Grazyna Baranowska (Polonia), Aua Baldé (Guinea-Bisáu), Ana Lorena Delgadillo (México) y Mohammed Al-Obaidi (Irak), quienes han documentado un patrón creciente de desapariciones forzadas desde el estallido de las protestas de 2018.

Una práctica que se profundiza

Según el informe conjunto “¿Dónde más busco? Vidas suspendidas, desapariciones forzadas en Nicaragua y la resistencia de quienes les buscan” —elaborado por organizaciones como Raza e Igualdad, Nicaragua Nunca Más, la Unidad de Defensa Jurídica, IM-Defensoras y el Movimiento Autónomo de Mujeres—, las desapariciones han evolucionado hacia una práctica más cruel y prolongada.

Mientras en los primeros años de represión las detenciones sin rastro duraban un máximo de 90 días, desde finales de 2023 los períodos de desaparición se han vuelto indefinidos, y las víctimas son recluidas en centros clandestinos o cárceles oficiales donde se les niega toda comunicación.

El llamado de la ONU es contundente: “Esto debe terminar”. Los expertos exigen al régimen nicaragüense revelar el paradero de las víctimas, garantizar justicia y poner fin a la impunidad que rodea una de las crisis de derechos humanos más graves de América Latina.