Un tribunal de justicia en San Salvador ha condenado al expresidente de El Salvador, Mauricio Funes (2009-2014), a ocho años de prisión por casos especiales de lavado de dinero y activos. La sentencia fue comunicada por la Fiscalía General de la República (FGR) en un mensaje en su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter.

La acusación contra Funes se basa en la recepción de una avioneta como dádiva de una empresa guatemalteca a cambio de favorecerla en la adjudicación de un contrato para construir un puente por un valor superior a 8 millones de dólares. La Fiscalía estableció que la empresa no cumplía con los requisitos necesarios ni contaba con la maquinaria adecuada para participar en la licitación. A pesar de que la Fiscalía solicitó una pena de 12 años de cárcel, el tribunal finalmente dictaminó una sentencia de ocho años.

Reacción de Funes desde Nicaragua

Mauricio Funes, quien ha residido en Nicaragua desde 2016 tras recibir asilo político del gobierno de Daniel Ortega, ha calificado la sentencia como “absurda”. En un mensaje publicado en X, el exmandatario negó conocer al dueño de la empresa guatemalteca involucrada y argumentó que nunca había negociado la entrega de la avioneta. Funes insistió en que el avión no estaba registrado a su nombre ni al de ninguna sociedad en la que participara. Además, aseguró que la licitación para la construcción del puente fue declarada desierta y que el proyecto fue finalmente ejecutado por otra compañía.

Esta es la tercera condena que recibe Funes. En julio de 2023, un tribunal salvadoreño lo condenó a seis años de prisión por evasión de impuestos. Anteriormente, en mayo del mismo año, otro tribunal lo sentenció en ausencia a 14 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes. En este último caso, Funes fue encontrado culpable de negociar una tregua con pandillas durante su mandato, ofreciendo beneficios a sus líderes encarcelados a cambio de una reducción en la tasa de homicidios.

Funes enfrenta otros procesos penales en El Salvador, todos relacionados con supuestos actos de corrupción durante su gobierno. Entre las acusaciones pendientes, se encuentra el desvío de 351 millones de dólares de fondos estatales y actos de corrupción en la construcción de una represa hidroeléctrica. En cada uno de estos casos, el exmandatario ha declarado su inocencia.

Juicios en ausencia y la reforma legal

El juicio que resultó en la reciente condena de Funes se llevó a cabo en su ausencia, gracias a una reforma legal aprobada en septiembre de 2022 que permite la realización de juicios sin la presencia del imputado. Esta medida ha sido crucial para avanzar en los casos contra Funes, quien ha evitado regresar a El Salvador desde su asilo en Nicaragua. La nacionalidad nicaragüense otorgada por el gobierno de Ortega en julio de 2019 ha protegido a Funes de la extradición.

Impacto en el FMLN

Los múltiples casos de corrupción atribuidos a Funes y a su sucesor, Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), ambos del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), han tenido un impacto significativo en la política salvadoreña. El FMLN ha experimentado un declive considerable, perdiendo representación en el Congreso y en los gobiernos municipales. Actualmente, no gobiernan ninguno de los 262 distritos del país centroamericano.

El caso de Funes es parte de un patrón más amplio de juicios y condenas de expresidentes salvadoreños. Elías Antonio Saca (2004-2009), quien gobernó antes que Funes, también cumple una condena de diez años de prisión por lavado de dinero y otros actos de corrupción por un monto de 301 millones de dólares.

La reciente condena de Mauricio Funes a ocho años de prisión por lavado de dinero y activos destaca la continua lucha contra la corrupción en El Salvador. A medida que los juicios contra exmandatarios avanzan, el país enfrenta un complejo panorama político marcado por escándalos de corrupción y la búsqueda de justicia. La situación de Funes, exiliado en Nicaragua y juzgado en ausencia, subraya las dificultades y controversias en torno a la rendición de cuentas de figuras políticas de alto perfil.