La caída del exmagistrado costarricense Celso Gamboa Sánchez por delitos de narcotráfico internacional ha destapado una compleja red criminal con ramificaciones en Nicaragua. Gamboa, quien ocupó altos cargos en los gobiernos de Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís, fue arrestado el pasado 23 de junio en una vivienda de lujo en Escazú, San José, y enfrenta una inminente extradición a Estados Unidos, a solicitud de un tribunal federal en Dallas, Texas.

El caso ha provocado conmoción en la región por el perfil del implicado y la magnitud de las operaciones. Según documentos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Gamboa era pieza clave en la logística y protección de cargamentos de cocaína para organizaciones como el Clan del Golfo, el Cártel de Sinaloa y otras estructuras colombianas, con apoyo de narcotraficantes nicaragüenses que operaban entre el Caribe y Centroamérica.

Narcos nicaragüenses en la red

Los hermanos nicaragüenses Alexander Zacarías Herrera Hernández y Guillermo Gilberto Herrera Hernández jugaron un rol central en las operaciones coordinadas por Gamboa. De acuerdo con la DEA, estos pagaban entre 200 mil y 500 mil dólares al exfuncionario costarricense para facilitar el paso de droga por territorio tico hacia el norte del continente.

Un testigo colaborador declaró ante las autoridades haber recibido aproximadamente 3,000 kilogramos de cocaína entre julio y agosto de 2021 en Honduras, como parte de una entrega directa realizada por Alexander Herrera y el propio Gamboa. La droga, suministrada por el Clan del Golfo, estaba destinada al tráfico internacional.

Alexander Herrera, originario de Bluefields, Nicaragua, había logrado evadir a las autoridades por años gracias al uso de identidades falsas en Costa Rica. Aunque tenía una alerta roja de Interpol desde 2012 por su presunta vinculación a homicidios en Nicaragua, fue capturado hasta noviembre de 2022, tras un incidente vial en Limón.

Su hermano Guillermo Herrera fue detenido en 2018 durante una operación antidrogas en Moín, junto a otras 14 personas. Ambos estaban involucrados en el tráfico de cocaína a través del Caribe y el almacenamiento de combustible para pangas rápidas utilizadas por narcos.

La doble cara del poder

Gamboa, otrora figura prominente de la seguridad pública costarricense, había ocupado la Viceministerio de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), y más tarde el Ministerio de Seguridad. Irónicamente, habría aprovechado estos cargos para brindar protección y facilitar operaciones a grupos criminales a los que, en teoría, debía combatir.

Además de los nexos con narcos nicaragüenses, Gamboa es investigado por recibir sobornos para coordinar rutas seguras de droga, manipular información de inteligencia y colaborar con redes de legitimación de capitales. Su arresto se produjo horas después de la captura de uno de sus presuntos socios, conocido como “Pecho de Rata”, en la zona sur del Caribe.

Una red regional en expansión

El caso pone de manifiesto la creciente infiltración del narcotráfico en las estructuras institucionales de América Central y la profunda cooperación entre grupos criminales nicaragüenses, colombianos y mexicanos. También revela la fragilidad del sistema judicial y de seguridad ante la corrupción y el poder económico de estas mafias transnacionales.

Para Nicaragua, el caso refleja una vez más cómo el tráfico de drogas se enraíza en sectores costeros como el Caribe sur, donde la presencia del Estado ha sido históricamente débil. La trayectoria de los hermanos Herrera es apenas un ejemplo del impacto regional del crimen organizado, que opera con impunidad y fluidez a través de las fronteras centroamericanas.

Estados Unidos, a través de la DEA y del sistema judicial federal, ahora se convierte en el escenario clave donde se juzgará no solo a Gamboa, sino a una estructura que evidencia la colusión entre crimen, poder y fronteras abiertas al narcotráfico.