En una semana marcada por tensiones internas, advertencias económicas y presiones diplomáticas sin precedentes, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha acelerado la excarcelación parcial de presos políticos, trasladándolos a régimen de casa por cárcel en una operación presentada como humanitaria, pero que organizaciones opositoras y defensores de derechos humanos califican como un movimiento desesperado para influir en la inminente resolución de Estados Unidos sobre el futuro de Nicaragua dentro del tratado de libre comercio CAFTA-DR.

La maniobra evidencia un giro brusco en el comportamiento del régimen: después de años de negar la existencia de presos políticos, Ortega ahora ordena excarcelaciones escalonadas, selectivas y silenciosas, en un momento donde el país enfrenta la mayor amenaza económica desde 2018.

Un régimen acorralado por su propio cálculo: presos como fichas de negociación

Las excarcelaciones comenzaron el fin de semana y continuaron este lunes. En total, al menos una docena de presos políticos han sido enviados a sus casas bajo vigilancia estricta y condiciones humillantes: firma diaria obligatoria a las 7:00 a. m., prohibición de movilidad, vigilancia policial permanente y amenazas latentes de re-arresto.

Suspender a Nicaragua del CAFTA-DR, un golpe que paralizaría las exportaciones y afectaría de forma devastadora a la economía, o imponer aranceles selectivos a sectores estratégicos vinculados al aparato económico del régimen, cualquiera de las dos sería fatal para la estructura financiera del sandinismo.

Esa presión ha generado un terremoto silencioso en El Carmen. De acuerdo con tres economistas consultados, asesores internos habrían advertido a Ortega que:

China no sustituirá al CAFTA, el “comercio alternativo” anunciado por Murillo es inviable y la suspensión del tratado provocaría una caída inmediata del empleo, exportaciones y flujo de divisas.

Frente a ese escenario, la dictadura activó una operación política para “mostrar buenos gestos” antes de la decisión final de Washington.

Los casos: incomunicación, violencia policial y deterioro físico

Los nombres que se han confirmado hasta ahora reflejan el patrón típico de la represión sandinista:

Carlos Vanegas

Originario de Masaya, estuvo preso cuatro años. Regresó con severo deterioro físico, según su familia.

Octavio Caldera

Secuestrado en agosto de 2025 sin orden judicial. Su familia pasó meses sin información alguna.

Luis Francisco Ortiz

Detenido violentamente el 13 de agosto de 2025. La Policía irrumpió en su vivienda sin orden de allanamiento. Estuvo incomunicado varios días.

Yolanda Escobar (54 años)

Detenida en abril de 2022 mientras iba hacia su trabajo. Esta es su segunda detención arbitraria. Regresó enferma y visiblemente debilitada.

Trabajadoras de la Diócesis de Matagalpa

Carmen Sáenz y Lesbia Gutiérrez, declaradas como “desaparecidas” por más de un año, también fueron enviadas a casa bajo vigilancia, confirmaron fuentes eclesiásticas.

En todos los casos, familiares reportan signos alarmantes en su salud, resultado de hacinamiento, mala alimentación, estrés extremo y negación absoluta de atención médica en prisión.

Casa por cárcel: una “libertad falsa” diseñada para la propaganda internacional

Organizaciones defensoras de presos políticos recordaron que la medida no representa libertad real:

“Son excarcelaciones sin garantías, sin debido proceso, sin restitución de derechos y bajo vigilancia permanente. Constituyen una extensión de la represión, no una liberación.”

Las personas excarceladas permanecen sujetas a: Firma diaria obligatoria, Impulsa de re-arresto inmediato, seguimiento policial y paramilitar, prohibición de movilidad, amenazas y coacción familiar.

La medida, aseguran, forma parte del intento del régimen por simular flexibilidad para evitar la expulsión del CAFTA-DR.

El silencio del régimen: nerviosismo y fracturas internas

A diferencia de episodios anteriores, Ortega y Murillo no han utilizado propaganda para anunciar estas medidas. No hay discursos, no hay alardes, no hay narrativa triunfalista.

Fuentes dentro del Frente Sandinista señalan que la cúpula ha ordenado silencio absoluto para evitar ruido dentro de la militancia, consciente de que una concesión pública a Estados Unidos sería interpretada como una derrota política.

Incluso figuras tradicionalmente leales al régimen como ministros, diputados y operadores territoriales admiten en privado que el escenario económico es “más grave de lo que se dice en público”.

Un diciembre decisivo: EE. UU. prepara su jugada final

Diplomáticos estadounidenses indican que la decisión podría anunciarse antes del 24 de diciembre, en un mensaje que marcará el rumbo de 2026 para Nicaragua. Ya no se trata solo de derechos humanos, ya no se trata solo de presiones políticas.

La Casa Blanca evalúa el CAFTA-DR como un asunto de seguridad nacional, debido a:

La creciente relación del régimen Ortega-Murillo con estructuras criminales, el avance de redes de narcotráfico en la región, la alianza con Venezuela, Cuba, Irán y Rusia.

Por eso, cualquier excarcelación improvisada difícilmente alterará el rumbo de la decisión.

La oleada de arrestos domiciliarios confirma que Ortega opera bajo presión extrema, intentando evitar una sacudida económica que podría fracturar el limitado sostén que aún conserva dentro del país.

Sin embargo, las excarcelaciones parciales no resuelven la raíz del problema:

• No hay libertad plena,

• No hay garantías jurídicas,

• No se detienen las detenciones arbitrarias,

• No hay voluntad de devolver derechos y libertades.

Mientras tanto, las personas excarceladas regresan a un encierro menos visible, pero igual de represivo, y el país entero queda a la espera de la decisión que podría redefinir su futuro económico inmediato.