El Gobierno de Estados Unidos reiteró que mantiene vigente un ultimátum comercial contra Nicaragua, advirtiendo que, si el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no demuestra avances concretos, Washington procederá a aplicar medidas económicas adicionales, incluyendo aranceles progresivos a productos nicaragüenses.

La advertencia fue reafirmada por el encargado de negocios de Estados Unidos en Managua, Elías Baumann, quien subrayó que la relación comercial entre ambos países está condicionada al respeto de normas básicas en materia de derechos laborales, derechos humanos y transparencia institucional. Según Washington, las prácticas actuales del régimen sandinista continúan siendo incompatibles con un comercio justo y predecible.

Investigación comercial y presión creciente

La postura estadounidense se sustenta en una investigación oficial que concluyó que las políticas del Gobierno de Nicaragua resultan “irrazonables” y perjudican los intereses comerciales y laborales de Estados Unidos. Bajo este marco legal, Washington se reserva el derecho de imponer represalias comerciales cuando un país adopta prácticas que distorsionan el comercio internacional.

Funcionarios estadounidenses han dejado claro que no se trata de una advertencia retórica. La administración norteamericana evalúa la aplicación de aranceles selectivos y escalonados, una medida diseñada para aumentar la presión económica si el régimen no modifica su conducta.

Riesgo para el acceso al mercado estadounidense

Aunque las autoridades estadounidenses no han anunciado una expulsión inmediata de Nicaragua de los beneficios comerciales vigentes, el mensaje es inequívoco: el acceso preferencial al mercado estadounidense ya no está garantizado. Cualquier restricción adicional tendría un impacto directo sobre sectores clave de la economía nicaragüense, altamente dependientes de las exportaciones hacia Estados Unidos.

Empresarios y analistas advierten que una escalada de sanciones comerciales podría traducirse en pérdida de competitividad, reducción de inversiones y mayor presión económica interna, en un contexto donde el país ya enfrenta aislamiento internacional y deterioro institucional.

Un mensaje político directo

Para Washington, el ultimátum no es solo económico, sino político. Estados Unidos condiciona su relación comercial a señales claras de respeto a las libertades fundamentales, el Estado de derecho y las normas laborales internacionales. Sin cambios verificables, las medidas podrían endurecerse en los próximos meses.

En este escenario, el régimen de Ortega y Murillo se enfrenta a una disyuntiva estratégica: persistir en el cierre político y asumir mayores costos económicos, o realizar concesiones que alivien la presión internacional. Por ahora, Washington mantiene la presión y deja claro que el tiempo corre en contra del Gobierno nicaragüense.