El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó oficialmente a Nicaragua en la lista de los principales países de tránsito y producción de drogas ilícitas, una medida que eleva la presión internacional sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y que podría traer consecuencias severas para el país.

El informe, presentado como parte de la estrategia antidrogas de la Casa Blanca, advierte que las naciones incluidas en el listado deberán cumplir con sus obligaciones internacionales en la lucha contra el narcotráfico o enfrentar “graves consecuencias”. El gobierno estadounidense ha calificado esta lucha como una emergencia nacional y asegura que está desplegando todos sus recursos para enfrentarla.

Un ultimátum directo al régimen Ortega-Murillo

La primera implicación para Nicaragua es el riesgo de nuevas sanciones económicas y la persecución de activos de funcionarios del régimen en el extranjero, similares a las medidas adoptadas contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Washington ha dejado claro que la cooperación no es opcional y que la paciencia frente a los países que facilitan el narcotráfico se agotó.

Otro factor que agrava la situación de Ortega es su alianza con el dictador venezolano Nicolás Maduro, señalado por Estados Unidos como líder del Cártel de los Soles. El informe destaca que Venezuela ha incumplido “de manera demostrable” sus compromisos en la lucha antidrogas, lo que coloca a Managua en la misma línea de fuego. Las acciones de interdicción contra estructuras criminales venezolanas, como el desmantelamiento del Tren de Aragua, podrían replicarse en Nicaragua bajo la misma justificación.

Riesgo de una designación como organización terrorista

Uno de los puntos más explosivos del informe es la posibilidad de que estructuras vinculadas al sandinismo sean catalogadas como organizaciones terroristas si se comprueban nexos con el narcotráfico. Tal designación otorgaría a Estados Unidos facultades más amplias para actuar, desde medidas financieras hasta operaciones directas.

Diversos grupos opositores en el exilio ya han solicitado a Washington que evalúe declarar al Frente Sandinista como organización terrorista, recordando sus vínculos históricos con el narcotráfico en la región, incluyendo el tráfico facilitado por Pablo Escobar en los años ochenta.

Escalada en la presión internacional

La inclusión de Nicaragua en esta lista negra supone una escalada significativa en la política estadounidense hacia el régimen Ortega-Murillo. De concretarse nuevas sanciones, o incluso una eventual designación de estructuras sandinistas como terroristas, el aislamiento internacional del país se profundizaría y las consecuencias económicas podrían ser devastadoras.

La pregunta ahora es si esta decisión marcará un punto de inflexión en la crisis política y de gobernabilidad que atraviesa Nicaragua o si el régimen optará por redoblar su alianza con actores internacionales cuestionados, aumentando aún más el riesgo para el país.