Washington rechazó los traslados de presos políticos a arresto domiciliario y advirtió que la vigilancia, las amenazas y las restricciones no constituyen libertad. La exigencia fue directa: liberación incondicional y fin del ciclo de represión del régimen Ortega-Murillo.

El régimen de Daniel Ortega volvió a quedar expuesto ante la comunidad internacional. Ni los traslados apresurados de presos políticos desde las cárceles hasta sus viviendas, ni la narrativa oficial de supuestos “gestos humanitarios” lograron engañar a Estados Unidos, que este fin de semana lanzó un mensaje categórico: en Nicaragua no hay liberaciones reales, solo represión maquillada.

A través de la Oficina de Asuntos del hemisferio occidental, el gobierno estadounidense calificó al Ejecutivo de Ortega y Rosario Murillo como un “régimen ilegítimo” y exigió la liberación incondicional de todos los presos políticos, incluidos aquellos encarcelados por expresar opiniones o interactuar en redes sociales.

Casa por cárcel no es libertad

Washington fue claro al señalar que el arresto domiciliario no equivale a libertad. Mantener a ciudadanos bajo vigilancia permanente, con amenazas, restricciones de movimiento y sin derechos plenos constituye, según Estados Unidos, una extensión del castigo político y una violación continua a las libertades fundamentales.

“El arresto de nicaragüenses por dar ‘me gusta’ a publicaciones en línea demuestra la paranoia del régimen ilegítimo de Murillo y Ortega”, señaló el pronunciamiento oficial, en referencia a recientes detenciones motivadas por expresiones digitales mínimas.

Exigencia sin matices

El mensaje elevó el tono diplomático al exigir, sin excepciones ni condiciones, la liberación total de los presos políticos. Estados Unidos subrayó que no acepta simulaciones, excarcelaciones parciales ni nuevas detenciones como moneda de cambio, y que la verdadera libertad implica poner fin al ciclo de represión estatal.

Aislamiento creciente

Para Washington, los recientes movimientos del régimen no representan una apertura, sino una confirmación de que Nicaragua sigue atrapada en un sistema de persecución política, vigilancia y castigo ejemplarizante. Lejos de aliviar la presión internacional, la maniobra de traslados ha profundizado el descrédito del régimen y su aislamiento externo.

El mensaje deja una advertencia clara: fuera de las fronteras nicaragüenses, la propaganda no controla la narrativa. La comunidad internacional observa, evalúa y responde, mientras el régimen insiste en presentar como concesiones lo que, para el mundo, sigue siendo represión.