La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sido incluida por Estados Unidos en su lista de “adversarios”, un término categórico que marca una escalada en la política exterior norteamericana frente a la creciente represión en Nicaragua.

La inclusión no es meramente simbólica: refleja una condena directa al aparato dictatorial que se ha consolidado en el país centroamericano, acusado de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y de aniquilar cualquier vestigio de oposición política.

Así lo dejó claro un reciente informe del Departamento de Estado, encabezado por el secretario Marco Rubio, donde se detallan los primeros 100 días de su gestión. En ese período, Washington ha adoptado una serie de medidas dirigidas a golpear el corazón del régimen Ortega-Murillo.

Entre ellas, destaca la imposición de restricciones de visa a más de 250 funcionarios del oficialismo, identificados como responsables directos del funcionamiento de una maquinaria autoritaria que persigue, encarcela y destierra a disidentes, periodistas y defensores de derechos humanos.

La diplomacia estadounidense parece haber abandonado cualquier ilusión de diálogo con Managua. Las señales apuntan a una política de presión intensificada, incluso con medidas económicas más duras en el horizonte.

El arancel del 18%: presión económica sobre una economía frágil

Una de las amenazas más serias para el régimen se encuentra en el terreno económico. La Administración del presidente Donald Trump anunció en abril un arancel del 18% sobre las exportaciones nicaragüenses. Aunque actualmente suspendido por un plazo de 90 días, el castigo arancelario podría entrar en vigor en julio.

De aplicarse, representaría el golpe comercial más severo que haya recibido un país latinoamericano por parte de EEUU, y pondría en jaque a sectores vitales de la economía nicaragüense como el agroexportador y el textil.

Este escenario podría acentuar aún más la crisis económica que atraviesa el país, resultado directo del aislamiento internacional provocado por las políticas represivas de la dictadura.

Nicaragua, Cuba y Venezuela: “enemigos de la humanidad”

En su primer recorrido por América Latina, el secretario Marco Rubio fue aún más lejos en su diagnóstico: calificó a los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela como “enemigos de la humanidad”. Una frase tan dura como reveladora de la percepción que reina en Washington sobre estos gobiernos, vistos como motores de inestabilidad, migración forzada y colapso institucional en la región.

En su viaje por Costa Rica, Rubio fue claro: sin estos regímenes autoritarios, la región no estaría viviendo una crisis migratoria tan profunda. En otras palabras, responsabilizó directamente a Ortega, Maduro y Díaz-Canel del éxodo masivo de sus ciudadanos, víctimas de gobiernos que reprimen, encarcelan y condenan al hambre a quienes se atreven a disentir.

Las acciones de EEUU incluyen sanciones individuales, congelamiento de activos y restricciones para acceder a financiamiento internacional, una estrategia de asfixia financiera orientada a debilitar los pilares que sostienen a estas dictaduras.

Una estrategia de aislamiento y cooperación democrática

La nueva política exterior estadounidense no se limita al castigo. También apuesta por la articulación de una red de aliados democráticos en la región. Países como Costa Rica han mostrado disposición a colaborar en temas como la lucha contra el narcotráfico, la migración irregular y la vigilancia de la influencia extranjera en infraestructuras tecnológicas.

Mientras tanto, la situación de Nicaragua sigue siendo una pieza central en esta estrategia hemisférica. El régimen de Ortega, aferrado al poder a través del miedo y la represión, enfrenta ahora no solo el rechazo internacional, sino también el riesgo inminente de sanciones que podrían acelerar su aislamiento y profundizar la crisis interna.

Estados Unidos, con su lista de “adversarios” y su arsenal de sanciones, lanza una señal clara: no hay lugar para dictaduras en una América Latina que aspira a la democracia.