El Senado de Estados Unidos aprobó este martes un nuevo impuesto del 1 % sobre las remesas enviadas fuera del país a través de medios físicos como efectivo, giros postales y cheques de caja. La medida, incluida en el polémico paquete legislativo impulsado por el presidente Donald Trump denominado One Big Beautiful Bill Act afectará especialmente a millones de migrantes latinoamericanos, entre ellos una gran cantidad de nicaragüenses que dependen de este tipo de envío para sostener a sus familias.

El nuevo tributo entrará en vigor el 1 de enero de 2026, si el proyecto de ley logra la aprobación final en la Cámara de Representantes sin modificaciones y posteriormente la firma del presidente estadounidense, lo que podría ocurrir antes del 4 de julio, según fuentes legislativas.

En la práctica, esto significa que una remesa de 500 dólares enviada desde Estados Unidos en efectivo a Nicaragua tendrá un recargo adicional de cinco dólares, que serán cobrados por el proveedor del servicio como Western Union o MoneyGram y remitidos directamente al fisco estadounidense.

La medida fue aprobada con una votación muy ajustada

51 votos a favor y 50 en contra, siendo el vicepresidente republicano J.D. Vance quien deshizo el empate. La versión final del impuesto fue reducida al 1 % tras intensas negociaciones y presiones de organizaciones migrantes, luego de que en un inicio se propusiera una tasa del 5 %, que posteriormente fue disminuida al 3,5 % en la Cámara Baja.

La legislación ha sido duramente criticada por organizaciones civiles que consideran la medida como un intento de financiar programas internos de seguridad migratoria a costa de los propios migrantes. Además, analistas advierten que podría incentivar el uso de canales informales de envío de dinero, menos seguros y sin supervisión financiera.

Golpe directo a migrantes nicaragüenses

Según el Banco Central de Nicaragua, el 83 % de las remesas que ingresan al país provienen de Estados Unidos. Aunque un número creciente de migrantes utiliza transferencias electrónicas o bancarias, miles de personas especialmente quienes carecen de acceso a servicios financieros, siguen enviando dinero en efectivo. Para este sector más vulnerable, la nueva carga fiscal representará un golpe económico significativo, sumándose a las comisiones ya existentes por cada transacción.

Economistas y defensores de derechos migrantes advierten que, aunque la tasa final sea más baja de lo propuesto originalmente, el impacto será profundo en hogares de bajos ingresos que dependen de cada dólar enviado. "Este impuesto no solo penaliza la pobreza, sino que ignora la realidad de millones de familias centroamericanas", expresó una consultora legal en temas migratorios que pidió anonimato.

A falta de mecanismos de protección para las familias receptoras, esta decisión del Senado estadounidense amenaza con agudizar las condiciones de precariedad económica en países como Nicaragua, donde las remesas representan una fuente vital de ingresos frente a una crisis prolongada y sin perspectivas de mejora.