La "vigilancia revolucionaria", ordenada por Ortega en su aparición pública del pasado 19 de julio, no solo busca controlar a la población adulta, sino que ha extendido sus tentáculos hasta las aulas de clase, obligando a niños y adolescentes a espiarse mutuamente. Esta política ha sembrado un profundo terror en la sociedad, donde cualquier crítica o disidencia puede tener consecuencias devastadoras.

Pero qué es en términos reales esta "vigilancia revolucionaria" es un sistema de control social impuesto por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con el objetivo de identificar y neutralizar cualquier forma de oposición. Esta estrategia se ha oficializado, y según el propio Daniel Ortega, busca "vigilar, detener y procesar" a quienes tilda de "terroristas y conspiradores".

Juventud sandinista encargada de vigilar a la población

Los encargados de llevar a cabo esta vigilancia son principalmente los miembros de la juventud sandinista, organizados en los ocho movimientos del Ministerio de la Juventud. Entre ellos destacan la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), la Federación de Estudiantes de Secundaria y la Red de Jóvenes Comunicadores. Estos grupos actúan como "vigilantes revolucionarios" en cada aula, oficina, plaza o barrio, reportando cualquier actividad o comentario que pueda ser interpretado como deslealtad al régimen.

Lo más alarmante es cómo este sistema ha pervertido las relaciones sociales, llegando a obligar a los jóvenes a delatarse entre sí. Como lo expresó una menor de edad en un canal oficialista, acompañada por otro menor, la "vigilancia revolucionaria" está presente incluso en las aulas de clase, donde los estudiantes se vigilan mutuamente. La vicepresidenta de la UNEN, Alison Lolof, ha justificado esta práctica, afirmando que la juventud está "comprometida con el Frente Sandinista y su proyecto político", lo que se traduce en la instalación de redes juveniles para vigilar y comunicar lo que ocurre en "todas las trincheras" del país.

La implementación de la vigilancia revolucionaria ha generado un clima de miedo.

Una crítica, por muy cándida o constructiva que sea, puede llevar a una persona a perder su empleo o a la cárcel. La militancia oficialista es consciente de ello y lo utiliza como una herramienta de intimidación. Una frase mal dicha, una expresión de desacuerdo, o incluso un simple gesto, pueden ser interpretados como un asomo de oposición, pueden terminar en una acusación de "traición a la patria" que conllevan penas de prisión.

El nivel de adoctrinamiento entre la juventud sandinista es profundo, ahora bajo el eslogan "Todos somos Daniel" no es solo una consigna de lealtad política, representa un compromiso incondicional. Según Rosario Murillo esta estrategia de intimidación los sostendrá indefinidamente en el poder, cualquier individuo que no esté completamente alineado con el dictador, o que exprese la más mínima disidencia, será reportado y enfrentará las consecuencias. De modo que cada ciudadano es potencialmente un vigilante y un vigilado, creando un ambiente de desconfianza y terror que socava la libertad y la dignidad humana.