El pasado 30 de enero, la administración estadounidense emitió uno de los pronunciamientos más directos contra la estructura de poder en Nicaragua. En su declaración oficial, el Departamento de Estado afirmó que Murillo “cobardemente ha negado a los nicaragüenses el derecho al voto democrático”, al tiempo que sostuvo que evita elecciones libres porque “sabe que no puede ganar”.

El comunicado también cuestionó la figura de la llamada “copresidencia”, señalando que consolidó un control político “sin elecciones, sin mandato, sin legitimidad”. Para Washington, la actual configuración institucional carece de validación democrática en un contexto donde no existen condiciones de competencia electoral real.

La respuesta de Murillo

Días después del pronunciamiento estadounidense, Murillo respondió desde su espacio oficial sin mencionar de forma explícita a Estados Unidos. En un discurso centrado en la paz, la resistencia y la fortaleza espiritual, se autodefinió como “valiente” frente a lo que describió como ataques y presiones externas.

En su intervención, reiteró conceptos habituales en la narrativa oficial: defensa de la soberanía, estabilidad frente a amenazas internacionales y legitimidad del proyecto político sandinista.

Analistas consideran que la declaración constituye una réplica indirecta a las acusaciones de “cobardía política” formuladas por Washington.

El trasfondo: elecciones bajo cuestionamiento

Más allá del intercambio retórico, el núcleo del debate gira en torno a la legitimidad electoral.

Desde la crisis sociopolítica de 2018, Nicaragua ha experimentado un proceso de concentración institucional. Organismos internacionales han documentado la cancelación de partidos opositores, la detención e inhabilitación de aspirantes presidenciales, reformas legales restrictivas y el control del sistema electoral por parte del oficialismo.

Diversos informes han señalado la ausencia de garantías para elecciones libres, competitivas y transparentes. La falta de observación electoral independiente y la eliminación de contrapesos políticos han sido puntos recurrentes de crítica.

En ese contexto, la proclamación de “valentía” se interpreta como parte de una estrategia discursiva orientada a reforzar la cohesión interna y proyectar firmeza ante la presión externa.

La copresidencia bajo escrutinio internacional

Uno de los elementos más sensibles del pronunciamiento estadounidense fue la referencia directa a la copresidencia.

Para sectores críticos, esta figura formaliza la concentración del poder en el núcleo Ortega-Murillo sin una competencia electoral plural reciente que valide esa estructura bajo estándares internacionales.

El oficialismo, en contraste, sostiene que se trata de una configuración política legítima dentro del marco constitucional reformado y respaldada por su base partidaria.

El desacuerdo revela una tensión más profunda entre la narrativa de soberanía nacional y los estándares democráticos promovidos por actores internacionales.

Un escenario de creciente aislamiento

Las declaraciones se producen en un momento de creciente presión diplomática sobre Managua. Nicaragua enfrenta sanciones individuales contra altos funcionarios y cuestionamientos en foros multilaterales por el deterioro de libertades civiles.

El retiro del país de la Organización de Estados Americanos (OEA) marcó un punto de inflexión en su relación con el sistema interamericano. Desde entonces, los señalamientos sobre la falta de garantías electorales y el cierre del espacio cívico han continuado desde diversas instancias internacionales.

Para el régimen, estas críticas constituyen actos de injerencia. Para sus detractores, son consecuencia directa de la erosión institucional interna.

Más allá de los calificativos

El contraste entre “cobardía” y “valentía” revela una batalla de narrativas. Sin embargo, el debate no se limita a los adjetivos.

• Se centra en la legitimidad del poder.

• En la existencia de elecciones libres y periódicas.

• En la posibilidad de competencia política real.

Mientras Washington habla de “cobardía política” por evitar elecciones libres, Murillo responde con un discurso de fortaleza y resistencia.

La pregunta que permanece, más allá del intercambio diplomático, es estructural:

¿Puede proclamarse valentía cuando el poder evita someterse a la validación electoral bajo condiciones de competencia abierta?

El episodio refleja que la tensión entre Managua y Washington ya no gira únicamente en torno a sanciones o declaraciones aisladas, sino alrededor del modelo político que rige actualmente en Nicaragua y su reconocimiento internacional.