La investigación sobre el asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam, ocurrido el 19 de junio en su apartamento de Moravia (San José), ha tomado un giro que refuerza la hipótesis de un móvil político: documentos del expediente judicial —a los que tuvo acceso la prensa costarricense— sitúan a miembros de los servicios de inteligencia y del Ejército nicaragüense como presuntos coordinadores de la operación que terminó con la vida del opositor nicaragüense exiliado en Costa Rica.

Según el expediente divulgado, un informante anónimo aseguró a las autoridades que “miembros de la Dirección de Información y Contrainteligencia Militar (DICIM) y del G2” habrían operado en territorio costarricense para planear el homicidio. El mismo reporte indica que uno de los presuntos artífices fue identificado a través de un perfil de Facebook aportado en la denuncia.

Tras 86 días de la muerte de Samcam, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a cuatro personas vinculadas al caso —entre ellas un intermediario identificado con el apellido Chaves y una mujer señalada por pagar el traslado de los ejecutores—; el presunto autor material continúa prófugo. En los operativos se incautaron teléfonos, armas y otros indicios que forman parte del expediente.

Vínculos con la plana mayor de Ejército de Nicaragua

El expediente agrega datos que complejizan aún más la trama: afirma que la persona señalada como posible “cerebro” habría recibido entrenamiento en Rusia (y Cuba), y que mantiene vínculos históricos con unidades militares nicaragüenses de los años ochenta. Además, la investigación señala que ese sospechoso habría estado recientemente en Nicaragua y que —según la fuente— participó en reuniones con la “plana mayor” del Ejército nicaragüense apenas unas semanas antes del homicidio, información que las autoridades intentan verificar con registros migratorios y otros medios probatorios.

Fuentes consultadas por medios de Costa Rica, aseguran que la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), dependiente de la presidencia de Costa Rica, habría rehusado colaborar plenamente con algunas líneas de la investigación, aun cuando dispone de registros y de comunicaciones que podrían puntualizar el vínculo entre los detenidos y eventuales mandantes. Investigadores del caso mencionan que, ante esa falta de cooperación, trabajan con un “plan B” que incluye recopilación y preservación de chats, videos de seguridad y otros elementos probatorios.

Las pesquisas preliminares descartan, por ahora, que el crimen se haya originado por un ajuste ligado al narcotráfico —la principal hipótesis que circuló en algunos sectores—; por el contrario, el Fiscal General de Costa Rica y la Fiscalía han señalado que la línea investigativa prioritaria es el trasfondo político del homicidio. Autoridades costarricenses han advertido que no se conformarán con detener a los autores materiales y buscan llegar hasta quienes habrían ordenado el ataque.

Fotografía de Rosario Murillo encontrada en una carpeta de teléfono celular que pertenece a un sujeto de apellidos Orozco González sospechoso de participar en el asesinado de Samcam

Hallazgo clave: fotografía de Rosario Murillo en celular incautado

Entre las pruebas obtenidas durante los allanamientos realizados por el OIJ destaca un hallazgo que ha llamado la atención de los investigadores: en el teléfono celular de uno de los detenidos se encontró una fotografía de Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Daniel Ortega.

De acuerdo con fuentes judiciales, la imagen no forma parte del material público que circula en redes sociales o medios oficiales, sino que parece haber sido enviada directamente a través de una aplicación de mensajería. Este detalle refuerza las sospechas sobre un posible nexo entre los autores materiales del asesinato y operadores vinculados al régimen nicaragüense.

Los investigadores no han confirmado si la fotografía constituye una prueba de comunicación directa o si formaba parte de un intercambio más amplio, pero su sola aparición en el dispositivo de un sospechoso ha sido incorporada al expediente como un indicio relevante en la línea que apunta al trasfondo político del crimen. Autoridades costarricenses indicaron que este hallazgo será analizado junto a los demás elementos digitales incautados para determinar su contexto y alcance.

Avances significativos en el proceso de investigación

Claudia Vargas, viuda de Samcam, calificó la captura de los sospechosos como “un avance significativo” y atribuye parte del impulso investigativo a la presión internacional y a la atención diplomática que rodeó el caso. Vargas viaja a Ginebra para exponer ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la situación que rodea el homicidio de su esposo y la seguridad de los exiliados nicaragüenses.

El director del OIJ, Randall Zúñiga, y otras fuentes judiciales han destacado que, por primera vez en casos similares, se habría identificado a un intermediario que conectó a los supuestos autores intelectuales con los materiales; ese hallazgo, según la investigación, podría facilitar el rastreo hacia instancias superiores que ordenaron la operación. Sin embargo, los fiscales insisten en que aún no existe una confirmación definitiva sobre quién dio la orden ni si el hecho fue instruido desde instancias oficiales en Managua.

Mientras la instrucción judicial avanza, el caso Samcam reaviva la preocupación por la seguridad de opositores nicaragüenses en el exilio y plantea preguntas sobre la posible extensión de operaciones transnacionales vinculadas a represalias políticas. Las autoridades costarricenses han prometido continuar con las diligencias hasta esclarecer el entramado y llevar ante la justicia a todos los responsables, con atención especial en la trazabilidad de los mandos y en la cooperación internacional para corroborar enlaces con actores en Nicaragua.