La represión contra expresiones públicas de disenso suma un nuevo caso en Nicaragua. Cinco jóvenes del municipio de Totogalpa, en el departamento de Madriz, fueron detenidos el sábado 7 de febrero luego de que presuntamente escribieran la frase “Nicaragua libre” en un tanque de agua de la localidad.

Según información publicada por el diario La Prensa, agentes de la Policía sandinista llegaron hasta las viviendas de los jóvenes para ejecutar los arrestos. Los detenidos fueron identificados como Freddy Alexander Rivera, Eduardo José Ordóñez Pérez, Arlin González, Carlos Sánchez y Lester Nahúm López González.

Traslado nocturno, incomunicación y silencio oficial

Inicialmente fueron llevados a la delegación policial en Somoto, donde sus familiares lograron entregarles alimentos. Sin embargo, durante la madrugada del domingo fueron trasladados a Managua sin previo aviso.

Desde entonces, sus allegados aseguran que no han recibido información oficial sobre su ubicación exacta, estado físico ni situación legal. Tampoco se les ha confirmado si enfrentan cargos formales.

El traslado sin notificación, la negativa a informar su paradero y la incomunicación prolongada constituyen elementos que, bajo estándares internacionales, podrían configurar indicios de desaparición forzada.

De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, este delito se configura cuando agentes del Estado privan de libertad a una persona y posteriormente niegan información sobre su detención o paradero, colocándola fuera de la protección de la ley.

Especialistas en derecho internacional han señalado que la desaparición forzada no requiere necesariamente una prolongación indefinida en el tiempo; basta la negativa estatal a reconocer la detención o proporcionar información para que se configure la conducta. En este caso, la falta de comunicación oficial y la incertidumbre sobre su ubicación mantienen a los jóvenes en una situación de vulnerabilidad jurídica.

Criminalización de la consigna y de los símbolos

La defensora de derechos humanos Haydée Castillo, del Instituto “Las Segovias” en el Exilio, calificó la detención como un acto de persecución política y sostuvo que la pinta representa “un acto de resistencia visible a todo el pueblo”.

“La exigencia de una Nicaragua libre no puede convertirse en delito”, afirmó, subrayando que los jóvenes provienen de familias humildes y que no existen antecedentes de violencia asociados al hecho.

Desde 2018, la persecución estatal no se ha limitado a liderazgos opositores o activistas visibles. También ha alcanzado gestos simbólicos: levantar la bandera azul y blanco, cantar el himno nacional en espacios públicos, portar camisetas con consignas cívicas o compartir publicaciones críticas en redes sociales han sido motivo de hostigamiento, detenciones o interrogatorios.

Organismos de derechos humanos han advertido que esta criminalización de símbolos nacionales busca instalar un mensaje de control absoluto: no solo se castiga la organización política estructurada, sino cualquier expresión individual de desacuerdo. En ese contexto, escribir “Nicaragua libre” trasciende la acción material y se convierte, para las autoridades, en una amenaza política.

Un patrón documentado de represión

El caso ocurre en un contexto donde organizaciones nacionales e internacionales han denunciado la persistencia de detenciones arbitrarias, incomunicación inicial tras capturas y procesos judiciales sin garantías plenas de debido proceso.

Diversos informes han señalado que en Nicaragua continúan registrándose casos de personas consideradas presos políticos, así como situaciones de desaparición forzada temporal durante los primeros días posteriores a su detención.

La presión internacional ha sido constante. Gobiernos y organismos multilaterales han cuestionado el deterioro de las libertades civiles, la falta de independencia judicial y la ausencia de condiciones democráticas plenas. A pesar de estos señalamientos, la práctica de arrestar por expresiones simbólicas parece mantenerse como mecanismo de control.

Una frase convertida en delito

Mientras las autoridades guardan silencio, cinco familias en Totogalpa esperan respuestas. Lo que comenzó como una consigna pintada en un tanque de agua hoy se ha transformado en un caso que vuelve a poner en debate el estado de las garantías constitucionales en el país.

En la Nicaragua actual, incluso una frase escrita en una pared o el simple acto de levantar una bandera puede derivar en incomunicación, traslado nocturno y paradero desconocido.

La pregunta ya no es solo por qué fueron detenidos, sino bajo qué marco legal puede justificarse que exigir libertad termine convertido en desaparición.