El oro extraído ilegalmente en Crucitas, al norte de Costa Rica, no termina en campamentos improvisados ni en pequeños talleres artesanales. Según fuentes de seguridad costarricenses, el material cruza la frontera hacia Nicaragua, donde empresas con capacidad tecnológica avanzada logran recuperar hasta un 90 % del contenido aurífero del material en bruto, convirtiéndose en el “tope” de la cadena de comercialización.

El señalamiento no es menor. Implica que el saqueo ambiental en suelo costarricense estaría conectado con estructuras empresariales que operan en territorio nicaragüense, algunas de ellas vinculadas a capitales chinos, lo que transforma el problema en un fenómeno transfronterizo con implicaciones económicas y diplomáticas.

De minería artesanal a crimen organizado

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que detrás de la extracción ilegal ya no operan únicamente coligalleros aislados. Según el director interino del OIJ, Michael Soto Rojas, la actividad ha evolucionado hacia un modelo estructurado de crimen organizado.

Las redes financian la extracción, coordinan el traslado del material y aseguran su procesamiento fuera de Costa Rica. Los grupos contratan personas para extraer amalgama, mientras la fase de refinamiento que incluye el uso de cianuro y otros químicos se realiza en puntos donde la rentabilidad es mayor.

El modelo se ha sofisticado. El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, advirtió que se han excavado túneles de más de 60 metros hasta alcanzar la veta principal del yacimiento. Solo en la última semana, las autoridades costarricenses dinamitaron 114 túneles para frenar el avance del saqueo.

Un negocio multimillonario

Las cifras revelan la magnitud del fenómeno. El área impactada en Crucitas ronda las 3.000 hectáreas, con lagunas contaminadas por mercurio y cianuro que dejan una huella ambiental profunda.

Cada onza de oro alcanza cerca de 5.000 dólares en el mercado internacional. Según estimaciones oficiales, la actividad ilegal podría estar generando hasta 252 millones de dólares anuales.

El mineral cruza por rutas clandestinas que atraviesan el río San Juan rumbo a Nicaragua, donde presuntamente es procesado y comercializado con mayor eficiencia técnica. Fuentes de seguridad sostienen que redes vinculadas a capitales chinos estarían comprando ese oro ya refinado, consolidando un eslabón clave en la cadena de comercialización.

Silencio oficial en Managua

Mientras Costa Rica endurece operativos y lleva el tema al terreno diplomático, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha respondido públicamente a los señalamientos.

Ortega ha reaparecido en actos oficiales para inaugurar proyectos y entregar buses de fabricación china. Murillo mantiene su discurso cotidiano en medios oficialistas. Sin embargo, ninguno ha abordado las denuncias sobre el presunto rol de empresas radicadas en Nicaragua dentro de la ruta del oro ilegal.

El tema deja abierta una pregunta incómoda: ¿es la minería ilegal en Crucitas solo un problema ambiental y policial, o forma parte de una red transnacional donde el procesamiento y la comercialización encuentran protección y mercado más allá de la frontera?

Lo que comenzó como minería artesanal descontrolada hoy es descrito por las autoridades costarricenses como una estructura organizada con logística, financiamiento y compradores identificables.

El oro sale de Crucitas, el dinero fluye y la frontera, lejos de ser un límite, parece haberse convertido en el puente del negocio.