La advertencia surge tras conocerse que el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria IPSA, ha confirmado 124 casos en personas en el último año. Por lo que la embajada de Estados Unidos en Nicaragua emitió una alerta sanitaria urgente, ante el preocupante aumento de casos de infección humana por gusano barrenador, un parásito carnívoro que se ha expandido por gran parte del país.

Según la delegación diplomática, este parásito es causado por la mosca Cochliomyia hominivorax, similar a la mosca común, pero con una capacidad devastadora: deposita sus huevos en heridas abiertas, y las larvas que emergen devoran tejido vivo. Aunque la plaga afecta principalmente al ganado, también puede atacar a humanos, y ya lo está haciendo.

La embajada instó a sus ciudadanos residentes o de visita en Nicaragua a buscar atención médica inmediata ante heridas que no sanan, presentan larvas o se tornan dolorosas e infectadas, y remarcó la necesidad de consultar fuentes oficiales sobre prevención y tratamiento, incluida la página del IPSA.

Plaga avanza en gran parte del territorio nicaragüense

Desde abril de 2024, el régimen de Ortega-Murillo había declarado una alerta sanitaria animal por la reaparición del gusano barrenador en el país, tras 25 años de haberse erradicado. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos declarativos, la plaga ha avanzado sin contención efectiva y se ha extendido a casi todo el territorio nacional, alcanzando zonas del Pacífico, el norte, el centro y el Caribe.

Hasta junio de este año, Nicaragua ya acumulaba más de 18 mil casos confirmados en animales, y los casos humanos continúan en ascenso. Organismos internacionales han señalado que la expansión de la plaga también afecta a países vecinos como Costa Rica y Panamá.

Frente a la emergencia, el Gobierno de Estados Unidos ha destinado 110 millones de dólares para combatir la propagación del gusano barrenador en la región centroamericana. Sin embargo, en Nicaragua persisten las dudas sobre la capacidad técnica, la voluntad política y la transparencia del régimen para aplicar medidas sanitarias eficaces en medio de una gestión pública debilitada por el autoritarismo y la opacidad institucional.