Este fin de semana, el Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural INVUR inició oficialmente la venta de 920 viviendas de la urbanización “Nuevas Victorias”, un proyecto habitacional que fue donado por el gobierno de la República Popular China como un gesto de amistad y cooperación con el pueblo de Nicaragua. Sin embargo, lo que debía ser un alivio gratuito para cientos de familias sin techo se ha convertido en una transacción financiera controlada por el régimen.

Durante los días sábado 26 y domingo 27 de julio, el Centro de Convenciones Olof Palme se vio abarrotado por largas filas de ciudadanos esperanzados en obtener una vivienda digna. Muchos acudieron desde la madrugada para conocer los requisitos y aplicar a la compra, que el régimen promociona como una "oportunidad subsidiada", pero que en la práctica representa un negocio disfrazado.

La embajada china había sido clara en su momento: se trataba de un financiamiento no reembolsable, una donación directa al pueblo nicaragüense. Sin embargo, el régimen no tardó en apropiarse del proyecto y monetizarlo, como ya lo hizo en el pasado con la cooperación venezolana. Fondos y recursos inicialmente presentados como ayudas humanitarias terminaron manejados con total opacidad, sin rendición de cuentas y con claros beneficios para el círculo de poder del FSLN.

Viviendas no están al alcance de los más vulnerables

El proyecto habitacional ha sido transformado por la dictadura sandinista en un negocio millonario, con casas vendidas a $ 11.600 dólares cada una, con una prima de $ 500 dólares. A pesar de que el régimen argumenta que se trata de un precio subsidiado, frente a los 30.000 dólares que supuestamente valdrían en el mercado, el hecho de lucrar con una donación internacional ha generado fuertes críticas dentro y fuera del país.

Los requisitos para acceder a estas viviendas también excluyen a las personas más vulnerables: los solicitantes deben tener ingresos de entre uno y diez salarios mínimos, cédula vigente, comprobantes de ingresos y no poseer bienes, lo que evidencia una intención de seleccionar beneficiarios que puedan asumir la deuda, en lugar de priorizar a los más necesitados.

Una vez más, la dictadura sandinista demuestra su capacidad para manipular la cooperación internacional, explotando la necesidad del pueblo y transformando la solidaridad en ganancia. Esta práctica, lejos de ser nueva, consolida un patrón de corrupción institucionalizada bajo el disfraz de programas sociales.

Entre las figuras visibles durante el acto de entrega del proyecto, cuando aún se presentaba como una donación solidaria, estuvieron Lauriano Ortega, hijo de la pareja dictatorial, y la alcaldesa de Managua, Reina Rueda. Su presencia, junto al anuncio posterior de la venta de las viviendas, alimenta las sospechas sobre el manejo arbitrario y personalista de los recursos donados.