El modelo de confiscación del régimen Murillo-Ortega enfrentará ahora una prueba fuera de sus fronteras. La empresa de capital estadounidense y británico BHMB Mining activará un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, reclamando más de 80 millones de dólares por la expropiación de su planta minera en agosto de 2025.

La demanda no es simbólica. Es una acusación formal por expropiación directa e ilegal sin compensación, acompañada de señalamientos por violaciones a tratados internacionales de protección a la inversión extranjera. El representante legal de la compañía, Baruch Rapaport, confirmó que el proceso se activa tras agotarse el período de negociación amistosa, frustrado por el silencio del Estado nicaragüense ante los reclamos.

La diferencia ahora es el escenario: no se trata de un tribunal controlado internamente, sino de una instancia arbitral internacional con capacidad de emitir laudos vinculantes.

De concesión legal a intervención forzada

BHMB Mining obtuvo en 2020 una concesión para operar en Palacagüina, departamento de Madriz, con autorización por 25 años. Durante cinco años desarrolló operaciones bajo permisos estatales.

El 12 de agosto de 2025 el Ministerio de Energía y Minas ordenó el cese de actividades. El 25 de agosto se ejecutó el cierre definitivo y la intervención de la planta.

Semanas después, la empresa china Zhong Fu Development S.A. tomó control de las instalaciones. Según denuncias de la compañía afectada, la operación incluyó ingreso forzado con vehículos, destrucción del portón principal, desmantelamiento de cámaras de seguridad y amenazas a los guardas si no permitían el acceso.

Más de 100 trabajadores quedaron sin empleo. La empresa sostiene que no recibió compensación alguna.

Lo que para el régimen fue una decisión administrativa, para la compañía constituye una confiscación con impacto internacional.

¿Qué significa enfrentar al Ciadi?

El Ciadi es el principal foro mundial para resolver disputas entre inversionistas extranjeros y Estados. Cuando un caso llega a esta instancia, el proceso se convierte en un litigio técnico, documentado y con potencial de consecuencias financieras reales.

Si el tribunal determina que hubo expropiación ilegal, puede ordenar una indemnización millonaria. Y si el Estado condenado no paga voluntariamente, el laudo puede ejecutarse en países donde existan activos estatales.

Eso implica riesgo concreto: cuentas, bienes o inversiones vinculadas al Estado podrían quedar expuestas en jurisdicciones extranjeras.

Para Nicaragua, esto representa tres dimensiones de impacto:

1. Riesgo financiero directo, si el fallo obliga al pago.

2. Daño reputacional, al consolidarse la percepción de inseguridad jurídica.

3. Aumento del riesgo país, encareciendo acceso a financiamiento externo.

No es solo un pleito empresarial. Es un conflicto que puede alterar la ecuación económica internacional del régimen.

El oro en el centro de la presión

El oro es actualmente el principal producto de exportación del país y una de las principales fuentes de divisas. La confiscación ocurre precisamente en ese sector estratégico.

El funcionario estadounidense Richard Grenell condenó la expropiación y sugirió la posibilidad de sanciones dirigidas al oro nicaragüense. Si ese sector entra bajo medidas restrictivas más severas, el impacto sería estructural.

El sector minero sostiene ingresos clave en un contexto de sanciones y aislamiento diplomático. Cualquier restricción adicional podría golpear la estabilidad financiera del régimen.

Señales contradictorias al inversionista extranjero

Mientras la demanda se prepara en el Banco Mundial, el régimen intenta proyectar normalidad. Laurent Ortega Murillo sostuvo reuniones con empresarios del sector minero, incluyendo al presidente de Condor Gold, Nicolas Candy, y representantes de Hemco Nicaragua S.A.

El mensaje oficial busca transmitir confianza.

Pero la realidad es más compleja: cuando una empresa extranjera activa un arbitraje internacional por confiscación, el efecto inmediato es elevar las alertas en el mercado.

La pregunta que inevitablemente surge es si existen garantías reales para el capital extranjero en Nicaragua.

De la impunidad interna al escrutinio global

Durante años, las decisiones de confiscación operaron en un entorno sin consecuencias judiciales externas significativas. El caso BHMB Mining cambia esa dinámica.

Si el Ciadi admite la demanda y el proceso avanza, el régimen Murillo-Ortega enfrentará no solo presión política o sanciones diplomáticas, sino un litigio técnico con posible impacto financiero tangible.

La diferencia es sustancial: la presión diplomática puede resistirse con discurso. Un laudo arbitral internacional no se neutraliza con retórica.

El caso pone a prueba algo más que una relación empresarial. Pone a prueba el costo internacional del modelo de poder del régimen y esta vez, el escenario no está bajo su control.