El pacto Ortega-empresarios entra en su momento más crítico
La reforma para perpetuar a la dictadura y la presión de Estados Unidos ponen a prueba una relación que durante casi dos décadas sostuvo el modelo de “diálogo y consenso”.
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DaríoMedios Internacional
8/3/20263 min read
La imagen dejó más preguntas que respuestas. Durante la consulta convocada por la dictadura Ortega-Murillo con representantes del sector empresarial y financiero, las expresiones de los asistentes reflejaban un ambiente muy distinto al que durante años caracterizó la relación entre el gran capital y el régimen.
La reunión, presentada por el oficialismo como un espacio de consulta sobre las nuevas reformas constitucionales, terminó evidenciando que las decisiones ya estaban tomadas.
Lejos de abrir un proceso de diálogo, el régimen utilizó el encuentro para comunicar cómo funcionará el nuevo modelo político impulsado desde El Carmen.
Fue el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, quien dejó claro el mensaje al afirmar que las reformas responden a una decisión del régimen y que todos los sectores deberán ajustarse a la nueva realidad política del país.
Sus declaraciones fueron interpretadas por diversos analistas como una confirmación de que la llamada consulta no tenía como objetivo recoger opiniones del sector privado, sino informarles que las nuevas reglas ya estaban definidas.
Un pacto que comienza a mostrar grietas
Durante casi dos décadas, el régimen Ortega-Murillo y el gran capital mantuvieron una relación de cooperación basada en el denominado modelo de diálogo y consenso.
Aun después de la crisis de 2018, numerosos sectores empresariales lograron mantener sus operaciones y preservar espacios de entendimiento con el Gobierno, priorizando la estabilidad económica y la continuidad de sus inversiones.
Sin embargo, la decisión de Ortega de eliminar cualquier apariencia de competencia electoral y avanzar hacia una permanencia indefinida en el poder podría alterar ese equilibrio.
La reforma constitucional no solo modifica el sistema político; también cambia las condiciones bajo las cuales el sector privado ha operado durante los últimos años.
La presión de Washington cambia el escenario
Mientras el régimen consolida su proyecto político, Estados Unidos incrementa la presión sobre Managua.
El aumento de aranceles, las sanciones económicas impulsadas por el Departamento del Tesoro y las discusiones sobre el futuro de Nicaragua dentro del CAFTA generan un nuevo escenario para las empresas que continúan operando en el país.
Para el analista en asuntos internacionales y económicos Carlos Sánchez Berzaín, esta combinación de factores podría colocar al sector privado frente a una decisión cada vez más difícil: mantener su relación con el régimen o asumir los riesgos derivados del creciente aislamiento internacional de Nicaragua.
Según el experto, la ofensiva que prepara Washington podría afectar directamente las operaciones de empresarios y entidades financieras que continúan desarrollando actividades dentro del país.
Laureano Ortega también enfrenta un nuevo desafío
Otro de los aspectos que llamó la atención durante el encuentro fue la presencia de Laureano Ortega.
Como principal operador económico de la dictadura, el hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desempeñado un papel clave en la relación con el sector empresarial y en la búsqueda de inversiones para el régimen.
Sin embargo, el nuevo contexto internacional plantea desafíos distintos a los que enfrentó durante los años del modelo de diálogo y consenso.
La creciente presión de Estados Unidos, el endurecimiento de las sanciones y el cierre definitivo del sistema político podrían reducir el margen de maniobra del régimen para mantener la confianza de los sectores económicos que durante años convivieron con el sandinismo.
El costo de abandonar incluso la apariencia democrática
Para numerosos analistas, el régimen ha cruzado una nueva línea.
Durante años, Ortega mantuvo estructuras institucionales que le permitían conservar una apariencia de legalidad ante parte de la comunidad internacional.
Ahora, al impulsar reformas destinadas a prolongar indefinidamente su permanencia en el poder y eliminar cualquier posibilidad de alternancia política, la dictadura también incrementa los costos para quienes mantienen relaciones económicas con el Estado.
Ese nuevo escenario obliga al sector empresarial a evaluar hasta qué punto resulta sostenible continuar bajo un modelo que enfrenta un aislamiento internacional cada vez mayor.
¿El principio del fin del modelo corporativo?
La relación entre el gran capital y la dictadura ha sido uno de los pilares del sistema político construido por Ortega desde su regreso al poder.
Ese modelo permitió durante años una convivencia que benefició tanto al régimen como a importantes sectores económicos.
Sin embargo, el endurecimiento de la presión internacional y la decisión de Ortega y Murillo de eliminar incluso la apariencia de elecciones competitivas podrían marcar un punto de inflexión.
La pregunta que comienza a surgir es si el empresariado nicaragüense continuará respaldando un modelo que hoy enfrenta mayores costos políticos, financieros y comerciales que en cualquier otro momento de las últimas dos décadas.
Porque el mayor desafío para Ortega ya no parece estar únicamente en Washington.
También podría encontrarse en un sector privado que, por primera vez en muchos años, comienza a preguntarse si el costo de seguir junto a la dictadura supera los beneficios que alguna vez obtuvo de esa relación.
