El reciente cierre masivo de organizaciones no gubernamentales en Nicaragua por parte de la administración sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha generado un impacto profundo en el tejido social y económico del país centroamericano, del qué poco se está hablando. El Ministerio del Interior (MINT), a través del Acuerdo Ministerial 39-2024-OSFL, canceló la personería jurídica de 151 organizaciones ese jueves 22 de agosto de 2024, en su mayoría del sector empresarial, bajo el argumento de que estas no reportaron sus estados financieros por periodos que oscilan entre uno y 31 años. Esta medida, que se suma a una larga lista de cierres de oenegés desde 2018, alcanza ya un total de 5,383 organizaciones canceladas, lo que plantea serias consecuencias para la sociedad nicaragüense y el funcionamiento mismo de la vida ciudadana y estatal.
1. Desmantelamiento del tejido empresarial y la inversión extranjera
Uno de los efectos más inmediatos y visibles de este cierre masivo es el debilitamiento del sector empresarial en Nicaragua. Entre las organizaciones afectadas se encuentran la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM), la Federación de Cámaras Europeas e Industria de Nicaragua (EUROCAM), y varias cámaras de comercio binacionales, como las de Costa Rica, España, Alemania, Italia, Uruguay, México y Panamá. La eliminación de estas cámaras no solo representa un golpe directo a la capacidad de organización y representación de los empresarios, sino que también envía un mensaje de inseguridad jurídica y falta de estabilidad para la inversión extranjera.
Expertos consultados por Darío Medios Internacional bajo la condición de anonimato señalan que el cierre de estas organizaciones, especialmente las cámaras binacionales, “deteriora” la imagen de Nicaragua como un destino seguro para hacer negocios, e incluso para visitar. La posibilidad de que nuevos inversionistas extranjeros consideren al país como un lugar viable para establecer operaciones se ve gravemente afectada. En un entorno donde el Estado no permite la organización empresarial independiente, las y los inversionistas potenciales podrían optar por evitar Nicaragua, ya que la falta de garantías legales y la persecución de cualquier forma de autonomía empresarial incrementan el riesgo de realizar negocios en el país.
Además, la cancelación de estas organizaciones podría limitar el acceso a mercados internacionales para productos nicaragüenses, al cortar las relaciones que las cámaras binacionales mantenían con sus homólogas en otros países. Esto podría tener un efecto en cadena sobre las exportaciones y el comercio exterior, dificultando aún más la ya compleja situación económica que enfrenta Nicaragua.
2. Eliminación de espacios de diálogo y concertación
Otra consecuencia significativa del cierre masivo de ONG es la desaparición de espacios de diálogo entre el sector privado y el gobierno. Las organizaciones canceladas, muchas de ellas gremiales, servían como puentes entre los empresarios y las autoridades, permitiendo la discusión y concertación de políticas económicas y sectoriales. Con su eliminación, se pierde la capacidad de los sectores productivos para influir en la toma de decisiones que afectan directamente sus operaciones y su futuro.
La ausencia de estos espacios de diálogo no solo limita la capacidad del sector privado para negociar con el Estado y todos los entes reguladores, sino que también reduce la posibilidad de articular demandas y necesidades comunes. Esta situación podría generar un aumento en la desconfianza entre el sector privado y las autoridades, afectando la cohesión social y exacerbando el clima de incertidumbre en el país.
Además, la falta de representación gremial afecta la capacidad de los sectores productivos para coordinarse en la implementación de estrategias de desarrollo económico. Esto es particularmente perjudicial para las pequeñas y medianas empresas, que dependen en gran medida de la colaboración y el apoyo mutuo para enfrentar los desafíos del mercado.
3. Erosión de la sociedad civil y la participación ciudadana
El cierre de oenegés también tiene un impacto devastador en la sociedad civil nicaragüense, debilitando las estructuras que tradicionalmente han promovido la participación ciudadana y la defensa de derechos, entre ellas las organizaciones, medios de comunicación y aglomerados. Muchas de las organizaciones canceladas no solo se dedicaban a actividades económicas, sino que también desempeñaban un papel crucial en la promoción de derechos humanos, el desarrollo comunitario y la asistencia social. “Ofrecíamos prestamos, asesoría en diversas áreas y fondos no reembolsables para proyectos rurales. A pesar de todos los problemas nacionales, casi una vez por semana me llamaba alguien agradeciendo por el apoyo que brindamos. La única llamada que he contestado después de todo esto es la de mi hermana, quien me dijo que, como me quedé sin trabajo, era momento de salir de Nicaragua”, comentó a esta Redacción una de tantas personas que laboraba en una oenegé.
La eliminación de estas organizaciones restringe aún más el espacio cívico en Nicaragua, limitando la capacidad de la sociedad civil para organizarse y actuar de manera independiente. Esto no solo afecta a las organizaciones directamente involucradas, sino que también envía un mensaje intimidante a otras entidades que puedan estar considerando participar en la vida pública del país. La represión sistemática de cualquier forma de organización autónoma refuerza un clima de miedo y autocensura, lo que podría llevar a una mayor pasividad y desmovilización de la ciudadanía.
Asimismo, la desaparición de estas oenegés reduce la capacidad de la sociedad civil para proveer servicios esenciales a las comunidades más vulnerables. Muchas de las organizaciones canceladas desempeñaban un rol vital en áreas como la educación, la salud y la asistencia humanitaria. Sin su presencia, es probable que se agraven las desigualdades sociales y económicas en el país, afectando de manera desproporcionada a los sectores más desfavorecidos de la población.
En conclusión, el cierre masivo de oenegés en Nicaragua por parte del régimen de Ortega y Murillo representa un ataque frontal contra el tejido empresarial, el diálogo social y la participación ciudadana. Las consecuencias de esta medida se sentirán no solo en la economía, sino también en la cohesión social y el desarrollo a largo plazo del país. La erosión de la sociedad civil y la eliminación de espacios de organización y concertación consolidan un modelo de gobierno autoritario que limita cada vez más las libertades y los derechos de los nicaragüenses.
