La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no se sostiene únicamente con policías, paramilitares y fuerzas armadas. Detrás del control político existe otro pilar igual de decisivo y menos visible: el gran capital nicaragüense, un sector empresarial que, sin portar armas, ha hecho negocios con la represión y se ha beneficiado del autoritarismo.

Mientras miles de nicaragüenses han sido encarcelados, empujados al exilio o condenados al desempleo, los grandes empresarios aliados al régimen han conservado privilegios, contratos estatales, exoneraciones fiscales y acceso directo al poder. Su papel ha sido clave en la consolidación de un modelo que concentra la riqueza en pocas manos y precariza las condiciones laborales de la mayoría.

Negocios con la represión

De acuerdo con el sociólogo y analista Óscar René Vargas, el comportamiento del empresariado responde a un objetivo central: engrosar sus ganancias, incluso a costa de salarios de hambre y del empobrecimiento generalizado.

“Claro, ese es su objetivo… eso no les importa”, señala Vargas al referirse a la indiferencia del gran capital frente a las condiciones laborales y sociales de la población.

Para el analista, quien ha sido perseguido, excarcelado y forzado al destierro, esta alianza no es nueva. Ortega al igual que Anastasio Somoza comprendió que una dictadura no sobrevive solo con bayonetas, sino con el respaldo de sectores económicos dispuestos a garantizar estabilidad a cambio de privilegios.

Pactos desde 2007

Los acuerdos entre el régimen sandinista y el gran capital se consolidaron desde el retorno de Ortega al poder en 2007. Empresarios y banqueros encontraron en el autoritarismo un entorno propicio para proteger sus intereses, mientras el Gobierno les ofrecía seguridad jurídica selectiva, beneficios fiscales y margen para maximizar ganancias.

Lejos de promover cambios desde dentro, el empresariado optó por la subordinación. No arriesgó sus propiedades ni confrontó al poder. Su interés no es la democratización del país, sino el fin de la crisis política solo en la medida en que garantice la continuidad de sus negocios.

“Ellos son copartícipes… mientras unos se enriquecieron, el resto se empobreció”, resume Vargas sobre el resultado de este modelo.

Clima de inversión vs. clima de terror

El discurso empresarial insiste en la necesidad de preservar un supuesto “clima de inversión”, mientras ignora deliberadamente el clima de terror que vive el país. Salarios que no alcanzan, despidos masivos, tercerización laboral, persecución sindical y cierres de fábricas forman parte del costo social que pagan los trabajadores.

Mientras tanto, los grandes consorcios trasladan los costos a la fuerza laboral, protegen sus márgenes de ganancia y se adaptan sin cuestionamientos al modelo autoritario.

Cómplices sin uniforme

Ortega y Murillo no gobiernan solos. A su lado camina un sector económico que decidió legitimar al régimen y beneficiarse de él. No disparan armas ni ordenan detenciones, pero asfixian económicamente a la población y sostienen un sistema que viola derechos fundamentales.

El gran capital nicaragüense se ha convertido así en un aliado estructural del autoritarismo, un actor sin uniforme que contribuye a la permanencia del régimen. En un país marcado por la represión y la desigualdad, su responsabilidad histórica no puede seguir siendo invisibilizada.