En un despliegue que refuerza la imagen autoritaria del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el Ejército de Nicaragua exhibe su arsenal bélico en la plaza La Fe de Managua, en lo que denominaron una “exposición estática” dedicada a la juventud. El evento, encabezado por el jefe del ejército Julio César Avilés, una figura clave en la lealtad militar hacia el régimen, fue presentado como un acto de “defensa de la soberanía”, aunque su mensaje es percibido ampliamente como una amenaza velada a la ciudadanía.

Lejos de ser un acto patriótico, la exhibición del poderío militar ocurre en un contexto de creciente militarización y represión política. Lo que el régimen presenta como una “defensa nacional”, la población lo percibe como una ostentación de las herramientas que el orteguismo ha puesto al servicio de su permanencia en el poder. El ejército, que por mandato constitucional debería ser una institución apolítica, se ha convertido en un pilar fundamental de la dictadura, subordinando su estructura al control de la pareja presidencial.

La muestra incluye tanquetas, armamento pesado, lanchas rápidas y otros medios de combate, muchos de los cuales fueron utilizados durante la represión de las protestas masivas de 2018. En aquellas jornadas, en las que miles de nicaragüenses exigieron democracia y justicia, el aparato represivo del Estado respondió con violencia, dejando decenas de muertos y cientos de heridos. El más reciente informe del Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua documenta con claridad la participación del ejército en la represión, hallando evidencia de violaciones graves a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas.

Ejercito señalado de crímenes de lesa humanidad

El más reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, confirmó la existencia de patrones sistemáticos de represión en los que el ejército tuvo un papel más activo del que públicamente ha reconocido.

De acuerdo con ese informe, existen “indicios sólidos de la colaboración y participación directa del Ejército de Nicaragua en operativos represivos”, incluyendo la provisión de armas, vehículos y apoyo logístico a las fuerzas policiales y grupos paramilitares. Los expertos concluyeron que estas acciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad, al formar parte de una política estatal orientada a silenciar toda forma de oposición.

A pesar de las reiteradas negaciones oficiales, organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han documentado la connivencia entre las distintas estructuras represivas del Estado, señalando al ejército como un actor que, por acción u omisión, permitió y facilitó graves violaciones a los derechos humanos.

Mientras el discurso oficial insiste en proteger la soberanía, los hechos reflejan una lógica de guerra interna: intimidar, disuadir y castigar a quienes se atreven a cuestionar al régimen. La plaza donde hoy se exhiben armas fue ayer un punto de concentración ciudadana. Hoy, con la presencia del arsenal, se transforma en un símbolo de silencio impuesto.