El Ejército de Nicaragua, al mando del general Julio César Avilés Castillo, cometió crímenes de lesa humanidad contra los manifestantes en el año 2018 y debe de ser juzgado, señaló el Grupo de Expertos en Derechos Humanos creado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), para Nicaragua.

Por primera vez desde que el Grupo fue creado por la ONU, los expertos lograron reunir evidencias que demuestran que el Ejército de Nicaragua participó junto con la Policía y grupos paramilitares en la sangrienta represión contra las protestas que estallaron en abril del año 2018.

Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señala que la represión contra las protestas en 2018 dejó como resultado a 355 personas fallecidas a consecuencia de certeros disparos en la cabeza y el corazón, propinados por policías y paramilitares.

“El Grupo tiene ahora motivos razonables para creer que, junto con la Policía Nacional y grupos armados progubernamentales, el Ejército cometió ejecuciones extrajudiciales en el contexto de las protestas masivas de 2018”, indica el informe presentado este miércoles en Ginebra, Suiza, en el marco del Consejo de Derechos Humanos.

Ejército involucrado desde inicio de las protestas

Los expertos en Derechos Humanos señalaron que recibieron “información fidedigna” de una reunión sostenida el 20 de abril de 2018 -dos días después del inicio de las protestas, en la que participaron oficiales activos del Comando de Operaciones Especiales y las direcciones de Doctrina y Adiestramiento, Inteligencia y Contrainteligencia, Estado Mayor y Dirección, en la que se dijo que “el país se enfrentaba a un golpe de Estado orquestado por organizaciones sociales”.

En el encuentro, participó el jefe del Estado Mayor, el general Bayardo Rodríguez, quien "leyó una orden presidencial en la que se instaba a los jefes de diversas unidades militares a ‘neutralizar’ a los implicados en las manifestaciones”.

El demoledor informe del Grupo de Expertos de la ONU también señala que el jefe del ejército, el sancionado general Julio César Avilés, “ordenó la intervención militar en la represión de las manifestaciones, a pesar de que el Ejército no tenía competencia en materia de seguridad pública, con pleno conocimiento de que la intervención de personal militar podría resultar en pérdida de vidas”. Todo orientado por el dictador Daniel Ortega.

Avilés ordenó la represión y armar a policías

El Grupo de Expertos también señaló en el documento que “el comandante en jefe del Ejército ordenó la participación de militares en la represión de las manifestaciones a pesar de no tener competencias en materia de seguridad pública, con pleno conocimiento de que su intervención podría provocar la pérdida de vidas humanas”.

Este Grupo de Expertos de la ONU para Nicaragua, también identificó a los responsables en el Ejército y pidieron que se inicie un proceso de investigación penal en contra de ellos.

Expresaron que hubo uso sistemático y deliberado de armas letales, reservadas exclusivamente para uso militar. Así también destacan la participación de francotiradores, las tácticas de combate diseñadas para matar y no para controlar multitudes y el elevado número de víctimas con heridas de bala en partes vitales del cuerpo evidencian que "su intención no era dispersar a los manifestantes, sino matarlos e infundir miedo en la población".

“El Ejército participó activamente en la represión de las manifestaciones”, al proporcionar armamento a la policía y a los grupos armados progubernamentales (paramilitares), llevó a cabo operaciones de inteligencia y entrenó a personal civil, incluida la Juventud Sandinista, jóvenes marginados y funcionarios públicos.

Agregan que “las ejecuciones extrajudiciales documentadas fueron el resultado de acciones coordinadas entre la policía, el ejército y grupos armados progubernamentales”.

Entre los órganos del ejército involucrados en la represión se encuentran: La Dirección de Información para la Defensa del Ejército asumió el control operativo de la represión de las manifestaciones, en coordinación con la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, la Dirección de Inteligencia Policial, el Comando de Operaciones Especiales del Ejército y la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía.

También, “utilizaron armas especializadas y francotiradores durante sus intervenciones”.

Asimismo revelaron que comandos y destacamentos militares regionales, el batallón ecológico y el comando de operaciones especiales, desplegaron personal militar, vistiendo uniformes policiales o ropas civiles, para apoyar a la policía y a los grupos armados progubernamentales sobre el terreno.