El Ejército de Nicaragua publicó un comunicado oficial detallando operativos realizados en el sur del país, luego de que autoridades costarricenses denunciaran que oro extraído ilegalmente en su territorio estaría siendo trasladado y procesado en Nicaragua.

Aunque el informe militar no menciona directamente al ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, quien advirtió públicamente sobre el tráfico de oro hacia territorio nicaragüense, el contenido del comunicado confirma la existencia de movimientos transfronterizos de material vinculado a minería ilegal y la expansión de estas actividades en la Reserva Biológica Indio Maíz.

Retenciones y material incautado

Según el reporte oficial, en el sector de La Conchudita fue retenido el ciudadano nicaragüense Deybin Ariel Castillo Soza, quien “trasladaba de manera ilegal un arma de fuego de uso civil y 40 proyectiles”. Además, en los sectores de Las Cruces, La Tigra, Las Minas y La Conchudita fueron retenidos 15 ciudadanos nicaragüenses que movilizaban medios presuntamente destinados a la minería ilegal dentro de la reserva.

La institución también informó que durante los operativos se deshabilitaron cinco pilas de tratamiento con cianuro, sustancia altamente contaminante utilizada en el procesamiento de oro y que representa un grave riesgo para fuentes de agua, suelos y ecosistemas protegidos.

Confirmación indirecta de denuncias

Si bien el Ejército presentó el informe como evidencia de acciones de control y protección ambiental, el propio comunicado confirma denuncias previas sobre el traslado de material desde Costa Rica hacia territorio nicaragüense para su procesamiento.

Las declaraciones del ministro Zamora habían advertido que estructuras dedicadas a la extracción ilegal de oro en la frontera sur estarían cruzando el material hacia Nicaragua, donde sería procesado y comercializado, generando ganancias millonarias y afectando áreas protegidas en ambos países.

La confirmación del uso de cianuro dentro de la Reserva Indio Maíz, una de las áreas protegidas más sensibles del país, agrava el escenario ambiental y refuerza las preocupaciones regionales sobre la expansión de la minería ilegal en la zona fronteriza.

Un patrón de respuesta institucional

No es la primera vez que el Ejército responde de forma indirecta a señalamientos regionales. En meses recientes, autoridades de El Salvador sostuvieron que embarcaciones interceptadas en el Pacífico salvadoreño, vinculadas al narcotráfico, habrían salido desde Nicaragua. Ante esos señalamientos, la institución castrense divulgó reportes de incautaciones como muestra de control, en un intento por contrarrestar las acusaciones.

En este nuevo episodio, el comunicado oficial busca evidenciar acciones operativas, pero al mismo tiempo deja claro que la minería ilegal y los movimientos transfronterizos de material continúan siendo una realidad en la frontera sur.

Impacto regional

Mientras Costa Rica insiste en frenar el tráfico de oro robado y la devastación ambiental en la frontera común, el informe del Ejército nicaragüense confirma que la problemática no solo persiste, sino que involucra estructuras organizadas y el uso de métodos altamente contaminantes dentro de una reserva protegida.

La situación añade un nuevo elemento de tensión en la relación bilateral y coloca nuevamente bajo escrutinio la capacidad de control estatal sobre actividades extractivas ilegales en zonas ambientalmente estratégicas.