La administración estadounidense confirmó que la Corte Suprema de Estados Unidos está considerando demandas presentadas por ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades fueron confiscadas por el régimen cubano tras la revolución de 1959. El pronunciamiento, difundido por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, reafirma que Washington mantiene “importantes intereses en política exterior” en promover la democracia en Cuba y garantizar mecanismos de rendición de cuentas por expropiaciones consideradas injustas.

En su comunicación oficial al máximo tribunal, la administración sostuvo que respalda la compensación a víctimas estadounidenses de incautaciones ilegales de la era Castro, utilizando como herramienta jurídica el Título III de la Ley Helms-Burton. Según el gobierno estadounidense, este instrumento legal forma parte de una estrategia para proteger derechos de propiedad y establecer consecuencias frente a confiscaciones sin indemnización.

El peso del Título III y su alcance regional

El Título III permite a ciudadanos estadounidenses demandar en tribunales federales a personas o compañías que “trafiquen” con propiedades confiscadas por el gobierno cubano. Aunque la norma fue promulgada en 1996, su activación en 2019 marcó un endurecimiento significativo de la política hacia La Habana al abrir la vía judicial contra empresas que operan en activos nacionalizados.

El hecho de que la Corte Suprema examine ahora estos casos eleva el debate al más alto nivel judicial y podría definir el alcance futuro de esta herramienta legal. La eventual decisión del máximo tribunal no solo impactará el litigio actual, sino que podría sentar criterios sobre cómo Estados Unidos aborda reclamaciones históricas vinculadas a confiscaciones sin compensación.

Un precedente que no pasa desapercibido en el hemisferio

Aunque el caso que analiza la Corte Suprema se centra en expropiaciones realizadas por el régimen cubano tras la revolución, el alcance potencial del Título III y el respaldo explícito de Washington a la rendición de cuentas trascienden el caso específico.

En el hemisferio occidental existen otros gobiernos señalados por confiscaciones de bienes, cancelaciones masivas de personerías jurídicas, ocupaciones de universidades, medios de comunicación y propiedades privadas.

Entre ellos, el régimen Ortega-Murillo en Nicaragua ha sido objeto de sanciones internacionales y denuncias por la toma de activos pertenecientes a organizaciones civiles, instituciones educativas y empresas en los últimos años.

En ese contexto, la revisión del Título III por parte de la Corte Suprema estadounidense consolida un mensaje político y jurídico que no pasa desapercibido en la región: las confiscaciones consideradas ilegales pueden derivar en consecuencias internacionales y en mecanismos de compensación para las víctimas.

Más que una disputa histórica

Más de seis décadas después de las expropiaciones iniciales en Cuba, el debate vuelve al centro de la agenda estadounidense en un momento de redefinición de su política hemisférica.

Washington reafirma que la rendición de cuentas y la protección del derecho de propiedad forman parte de sus intereses estratégicos. La discusión judicial en curso podría convertirse en un precedente relevante dentro de una estrategia que combina presión diplomática, sanciones económicas y herramientas legales para responder a gobiernos señalados por vulnerar derechos fundamentales.

La decisión que eventualmente adopte la Corte Suprema podría marcar un punto de inflexión en la política exterior estadounidense hacia regímenes del hemisferio, consolidando un enfoque donde las expropiaciones no quedan únicamente en el terreno histórico, sino que pueden proyectar consecuencias en el presente.