Señalamiento con nombre y apellido

Estados Unidos volvió a colocar bajo escrutinio internacional al sistema penitenciario nicaragüense al designar públicamente a Roberto Clemente Guevara Gómez, responsable de la Dirección de Máxima Seguridad del Sistema Penitenciario Nacional, por su implicación en graves violaciones de derechos humanos contra presos políticos recluidos en la cárcel La Modelo.

La medida fue anunciada por el Departamento de Estado bajo la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Exteriores y Programas Relacionados, que faculta al gobierno estadounidense a imponer restricciones de visado a funcionarios extranjeros involucrados en abusos significativos. Aunque la sanción se traduce formalmente en limitaciones migratorias, su peso político es mayor: individualiza responsabilidades dentro del aparato represivo del régimen Ortega-Murillo.

La “300” y el sistema de máxima seguridad

Guevara Gómez ha sido identificado como uno de los principales responsables del área de máxima seguridad del complejo penitenciario de Tipitapa, conocida como “La 300”. Esta sección ha albergado a opositores detenidos tras las protestas de 2018 y a otras figuras críticas del Gobierno procesadas en juicios cuestionados por organismos internacionales.

Ex presos políticos y familiares han documentado denuncias de aislamiento prolongado, restricciones arbitrarias a visitas, amenazas, condiciones insalubres, falta de atención médica adecuada y castigos considerados desproporcionados. Diversos testimonios señalan que el régimen penitenciario aplicado en esa galería busca quebrar la voluntad de los detenidos mediante presión psicológica y física.

Informes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) han señalado que las violaciones contra personas privadas de libertad no son hechos aislados, sino parte de una estructura sistemática de control y castigo político. En ese contexto, el señalamiento estadounidense se inserta en un marco más amplio de denuncias sobre tratos crueles, inhumanos y degradantes dentro del sistema carcelario.

Presión sostenida desde 2018

Desde la crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018, Washington ha adoptado una política de sanciones progresivas contra funcionarios, magistrados, policías y operadores del aparato estatal señalados por represión y violaciones a derechos humanos. Daniel Ortega y Rosario Murillo han sido responsabilizados por el deterioro de las libertades civiles, la cancelación de partidos políticos, el cierre de espacios de participación y el encarcelamiento de opositores.

La designación de un funcionario penitenciario refuerza la línea de presión directa sobre quienes ejecutan las decisiones de encierro y control. No se trata únicamente de cuestionar la cúpula política, sino de apuntar a quienes administran, supervisan y sostienen el sistema de detención.

Llamado a la liberación inmediata

En su comunicado, el Gobierno de Estados Unidos reiteró su exigencia de liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Nicaragua. El mensaje insiste en que la comunidad internacional mantiene la atención sobre las condiciones de reclusión y que las denuncias no quedarán sin seguimiento.

Para las familias de los detenidos, el señalamiento representa un reconocimiento internacional del sufrimiento denunciado durante años. Para el régimen, implica un nuevo episodio de aislamiento y presión diplomática.

Mientras continúan las denuncias sobre condiciones severas en La Modelo, el foco vuelve a situarse sobre el sistema penitenciario como uno de los pilares del control político interno. Con esta nueva acción, Washington refuerza su estrategia de responsabilizar individualmente a quienes considera involucrados en torturas y abusos, elevando el costo internacional del manejo carcelario en Nicaragua.