El proyecto menciona de forma explícita a Nicaragua como un caso crítico dentro del esquema regional de minería irregular. Además, contempla medidas que podrían aplicarse bajo la Orden Ejecutiva 14088, abriendo la puerta a nuevas sanciones dirigidas contra funcionarios y operadores vinculados al sector aurífero.

Con respaldo bipartidista, la propuesta avanza en Washington como un nuevo frente de presión financiera contra el sandinismo, en momentos en que el oro se ha convertido en uno de los principales motores de ingreso de divisas para el país.

El oro como sostén económico

En los últimos años, el oro ha desplazado a otros rubros tradicionales y se ha consolidado como uno de los principales productos de exportación de Nicaragua.

Organizaciones ambientales, entre ellas Fundación del Río, han advertido que la expansión de la minería especialmente en modalidad artesanal e informal ha crecido en territorios indígenas, reservas naturales y áreas protegidas, generando impactos severos sobre ecosistemas y comunidades locales.

Según datos correspondientes a 2024, la minería ilegal representó el 30.5% del total de exportaciones de oro del país, una proporción que evidencia la magnitud del fenómeno y su peso dentro de la economía nacional.

La brecha en las cifras oficiales

Uno de los elementos que ha llamado la atención de analistas es la diferencia entre los niveles oficiales de producción y los volúmenes de exportación reportados.

El propio Banco Central de Nicaragua registra exportaciones de oro superiores a lo que oficialmente se declara como producción interna, lo que sugiere la existencia de circuitos paralelos de extracción y comercialización no plenamente transparentes.

Esa brecha ha alimentado cuestionamientos sobre la trazabilidad del mineral, la fiscalización estatal y la posible utilización de esquemas de intermediación para facilitar su colocación en mercados internacionales.

Capital extranjero y circuitos de intermediación

A este escenario se suma la creciente presencia de capital extranjero en el sector minero, así como mecanismos de intermediación que, según denuncias de organizaciones civiles, podrían estar facilitando la integración del oro nicaragüense a cadenas globales sin controles estrictos de origen.

Las preocupaciones en Washington giran en torno a la posibilidad de que el comercio del metal precioso no solo financie actividades económicas regulares, sino también estructuras de poder vinculadas al régimen.

Un nuevo frente de sanciones

De aprobarse la ley, el oro nicaragüense podría quedar bajo un escrutinio internacional sin precedentes. Las medidas contempladas buscarían restringir el acceso a mercados, bloquear operaciones financieras vinculadas y aumentar los controles sobre la cadena de suministro.

Esto representaría un golpe directo a una de las fuentes más dinámicas de generación de divisas del país, en un contexto donde otras áreas económicas enfrentan sanciones y restricciones.

El movimiento del Senado estadounidense sugiere que la estrategia de presión sobre Managua podría entrar en una nueva fase: ya no centrada únicamente en individuos, sino en sectores económicos considerados estratégicos para la sostenibilidad del aparato de poder.