EE. UU: Nicaragua no ofrece seguridad jurídica bajo la dictadura sandinista
El Departamento de Estado recomienda extremar las precauciones para invertir en Nicaragua y advierte sobre confiscaciones, arbitrariedad fiscal, falta de transparencia y ausencia de reglas previsibles.
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DaríoMedios Internacional
10/6/20265 min read
Estados Unidos lanzó una nueva advertencia sobre los riesgos de hacer negocios en Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El Departamento de Estado señala que los inversionistas no deben esperar un Estado de derecho sólido, reglas justas ni un entorno empresarial predecible.
La advertencia forma parte de su Declaración sobre el Clima de Inversión en Nicaragua 2026, un informe que identifica la inseguridad jurídica, la interferencia política, la presión fiscal y la falta de transparencia como algunos de los principales obstáculos para quienes pretenden colocar capital en el país.
El mensaje de Washington es directo: Nicaragua puede mantener oportunidades económicas, pero invertir bajo las actuales condiciones implica asumir riesgos jurídicos, políticos, fiscales y reputacionales considerablemente mayores.
Sin Estado de derecho ni reglas previsibles
El Departamento de Estado advierte que quienes inviertan en Nicaragua no deben esperar “reglas justas ni igualdad de condiciones”.
El informe señala apropiaciones injustas de propiedad privada y un progresivo desmantelamiento del Estado de derecho, factores que elevan el riesgo para las empresas y dificultan que los inversionistas puedan prever cómo serán aplicadas las normas.
Además, las principales decisiones empresariales estarían sujetas, de facto, a la aprobación de la Presidencia, lo que reduce el margen de independencia de las instituciones y aumenta la incertidumbre para el sector privado.
En otras palabras, para un inversionista extranjero no basta con analizar cuánto puede ganar en Nicaragua. También debe calcular qué puede ocurrir con su propiedad, sus operaciones y su capital si las reglas cambian de manera arbitraria.
Auditorías, multas y presión fiscal
Otro de los puntos señalados por Estados Unidos es el incremento de la presión fiscal sobre las empresas.
El informe recoge denuncias relacionadas con auditorías más frecuentes, multas consideradas arbitrarias, modificaciones tributarias y obligaciones fiscales que pueden resultar superiores a las previstas inicialmente.
Para las multinacionales, el escenario puede ser todavía más complejo: el Departamento de Estado advierte sobre cobros fiscales inesperados, aranceles aplicados retroactivamente, multas y auditorías cada vez más frecuentes y prolongadas.
La consecuencia es una mayor incertidumbre sobre el costo real de operar en Nicaragua.
La inversión extranjera queda bajo mayor vigilancia
El Departamento de Estado también señala cambios introducidos mediante la Ley de Inversión Extranjera de 2025, que creó una comisión encargada de supervisar y regular la inversión extranjera directa.
La normativa establece obligaciones de información periódica y amplía la recopilación de datos sobre los inversionistas.
Para las empresas internacionales, este mayor nivel de supervisión representa otro elemento que debe ser considerado antes de comprometer capital en Nicaragua.
A esto se suma el riesgo de que determinadas negociaciones comerciales involucren a personas designadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, lo que podría generar consecuencias legales y reputacionales para compañías extranjeras.
Ni siquiera conocer al socio comercial resulta sencillo
La falta de transparencia también aparece entre las preocupaciones de Washington.
El informe señala que los registros empresariales generalmente no son públicos, una situación que puede dificultar que los inversionistas conozcan adecuadamente a potenciales socios comerciales.
Para una empresa internacional, esta falta de información representa un riesgo adicional: resulta más difícil evaluar quién está detrás de una compañía, cuáles son sus vínculos y qué exposición jurídica o reputacional puede tener una eventual alianza.
Chamorro: la advertencia puede frenar nuevas inversiones
El economista y exiliado nicaragüense Juan Sebastián Chamorro interpreta el informe del Departamento de Estado como una advertencia directa al capital extranjero sobre las condiciones actuales para hacer negocios en Nicaragua.
Chamorro considera que la falta de seguridad jurídica, el acoso fiscal, las decisiones arbitrarias y la ausencia de condiciones equitativas pueden terminar frenando nuevas inversiones y aumentando la desconfianza empresarial.
Desde esa perspectiva, una compañía que analiza instalarse en Nicaragua no solo observa los indicadores macroeconómicos, sino también el riesgo de enfrentar multas, auditorías, cambios repentinos en las reglas o conflictos relacionados con la propiedad.
Menos inversión, menos empleos y más aislamiento
Chamorro advierte que uno de los efectos más importantes de este escenario puede ser la reducción de nuevas inversiones extranjeras.
Empresas que tenían previsto desarrollar proyectos podrían decidir posponerlos o cancelarlos ante la incertidumbre. Y cuando el capital deja de llegar, también se reducen las posibilidades de expansión empresarial, creación de empleos y generación de nuevas oportunidades económicas.
El resultado podría ser un Nicaragua cada vez más dependiente de fuentes específicas de financiamiento y de determinados socios internacionales.
Chamorro también advierte sobre una posible pérdida de competitividad para empresas occidentales y locales frente a compañías chinas que, según el informe estadounidense, pueden beneficiarse de condiciones comerciales preferenciales.
Las cifras macroeconómicas no cuentan toda la historia
Aunque Nicaragua mantiene indicadores macroeconómicos que el Departamento de Estado considera generalmente positivos, el informe advierte que esos datos no reflejan completamente las dificultades que enfrenta el país para atraer inversión.
La inversión extranjera directa y la participación laboral todavía no han recuperado los niveles registrados antes de la crisis de 2018.
Además, las remesas se han convertido en uno de los principales motores del crecimiento económico desde 2022, con más del 80 % de esos recursos provenientes de Estados Unidos.
Es decir, mientras la dictadura intenta proyectar estabilidad económica, una parte importante del crecimiento continúa dependiendo del dinero enviado desde el exterior por los propios nicaragüenses.
Una señal para bancos, fondos y multinacionales
La advertencia estadounidense puede tener un efecto que vaya más allá de las empresas que están considerando invertir directamente en Nicaragua.
Bancos, fondos de inversión, aseguradoras y multinacionales también pueden utilizar este tipo de evaluaciones para determinar el nivel de riesgo de operar en un determinado país.
Por eso, la señal enviada por Washington puede traducirse en mayores exigencias de cumplimiento, evaluaciones de riesgo más estrictas y mayor cautela antes de comprometer capital.
El problema central, según el análisis de Chamorro, no es que Nicaragua carezca de oportunidades económicas. El problema es que la dictadura no ofrece las garantías necesarias para que un inversionista pueda confiar en que las reglas de hoy serán las mismas mañana.
La dictadura puede espantar al capital
La advertencia del Departamento de Estado coloca nuevamente sobre la mesa una de las mayores contradicciones de la economía nicaragüense: mientras la dictadura busca proyectar estabilidad y atraer capital extranjero, sus propias prácticas pueden convertirse en un obstáculo para conseguirlo.
Confiscaciones, presión fiscal, decisiones arbitrarias, falta de transparencia, cambios regulatorios y riesgos de sanciones forman un escenario que obliga a los inversionistas a calcular no solamente la rentabilidad de un proyecto, sino también el riesgo de perderlo.
Para Chamorro, esa es precisamente la consecuencia más grave: el capital extranjero puede simplemente decidir no entrar.
Y si Nicaragua quiere recuperar niveles de inversión, empleo y crecimiento sostenido, tendrá que enfrentar el problema que Washington coloca en el centro de su advertencia: sin seguridad jurídica, propiedad protegida y reglas previsibles, la confianza internacional difícilmente regresará.
