La Embajada de Estados Unidos en Managua elevó el tono contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, denunciando un sistema de explotación laboral profundamente arraigado, que incluye trabajo infantil masivo, condiciones de riesgo extremo y violaciones sistemáticas de derechos fundamentales. El reporte, parte de una investigación oficial en curso, describe una situación que Washington considera “inaceptable y contraria a los estándares internacionales”.

La revelación más estremecedora señala que el 47 % de los niños nicaragüenses entre 10 y 14 años trabajan, muchos de ellos en minas artesanales, canteras, zonas de extracción de oro y actividades agrícolas peligrosas, donde manipulan herramientas pesadas y sustancias tóxicas. Según el informe, estos menores realizan jornadas que comprometen su salud, su educación y su desarrollo integral, perpetuando ciclos de pobreza que el régimen insiste en negar.

Estados Unidos afirma que esta realidad no es un fenómeno aislado ni invisible para el Estado, sino que se desarrolla con la tolerancia o incluso la complicidad de autoridades locales, que permiten a empresas operar sin fiscalización y sin cumplir normas laborales básicas. El documento enfatiza “patrones preocupantes” en todo el país que incluyen salarios deprimidos, ausencia de seguridad social, negar derechos de organización sindical, y empresas vinculadas al círculo del poder sandinista produciendo a bajo costo gracias a la explotación de trabajadores pobres y menores de edad.

Estas prácticas, además de constituir graves violaciones de derechos humanos, generan competencia desleal contra empresas estadounidenses, uno de los elementos más sensibles para Washington dentro del marco del Tratado de Libre Comercio (CAFTA-DR). El informe subraya que Nicaragua se beneficia económicamente de este acuerdo mientras incumple de manera flagrante los principios laborales que lo rigen.

En paralelo, la embajada cuestiona de manera directa la narrativa de “progreso” que difunde el régimen. Los proyectos que Ortega y Murillo presentan como grandes logros de infraestructura y desarrollo son, según el análisis estadounidense, simples vitrinas propagandísticas que ocultan la pobreza extrema, la falta de oportunidades y el deterioro de la calidad de vida. Esta desconexión entre el discurso oficial y la realidad social refuerza la percepción internacional de que Nicaragua atraviesa una crisis estructural agravada por la corrupción y la falta de transparencia.

Los hallazgos del informe ya generan inquietud en El Carmen, el núcleo del poder sandinista, pues se suman a las presiones acumuladas de congresistas estadounidenses que han propuesto revisar o suspender la participación de Nicaragua en el CAFTA, una medida que tendría consecuencias devastadoras para la economía nacional. Más del 60 % de las exportaciones nicaragüenses dependen de este acuerdo, lo que convierte el cumplimiento de los estándares laborales en un requisito no negociable.

Expertos consultados por medios internacionales advierten que Nicaragua podría enfrentar la crisis comercial más grave de su historia reciente, si continúa ignorando los estándares mínimos de protección infantil y derechos laborales. La combinación de trabajo infantil masivo, explotación laboral sistemática, salarios de miseria, y un Estado que protege a los beneficiados por el régimen, configura un escenario de vulnerabilidad que ya no puede ocultarse.

La advertencia de Washington es clara: Nicaragua, enfrentará repercusiones que podrían redefinir su posición en el comercio regional e internacional. Mientras tanto, para miles de niños nicaragüenses que trabajan en condiciones inhumanas, el tiempo sigue corriendo sin que el régimen asuma responsabilidad alguna.